Cinco de los seis ediles de la comuna ingresaron antecedentes ante la sede regional del órgano fiscalizador tras registrarse un pago mensual de $3,9 millones brutos a la asesora municipal. El requerimiento busca constatar la legalidad del contrato y la autenticidad de los informes de gestión entregados.
Fiscalización al contrato de asesoría técnica
El cuerpo edilicio de la Municipalidad de Calle Larga formalizó una presentación ante la Contraloría General de la República (CGR) de Valparaíso para solicitar una auditoría integral sobre el contrato a honorarios de la exdiputada del Frente Amplio, Claudia Mix, quien ejerce labores de asesoría directa para la alcaldesa Dina González (PS). Cinco de los seis concejales de la comuna acusan posibles irregularidades administrativas, vulneración al principio de probidad y un eventual uso improcedente de recursos públicos.
La controversia se agudizó luego de que los registros de Transparencia Activa reflejaran que, pese a iniciar con un monto mensual de $2.339.000, durante el mes de julio Mix percibió un sueldo bruto de $3.900.000 por labores de “apoyo técnico en salud, mujer y familia” y “asesoría a programa de gobierno local”. El concejal independiente Sebastián Orosco y la concejala socialista Bárbara Farías señalaron que entregaron un expediente con decretos de pago, correos y reportes de desempeño para que el ente contralor determine si las labores justifican los montos desembolsados y si los informes de actividades corresponden a un trabajo efectivo en el territorio.
Marco normativo y ausencia de pronunciamiento oficial
Desde el ámbito de la transparencia pública, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, precisó que si bien los jefes comunales cuentan con facultades presupuestarias para fijar rentas a honorarios, dichos montos deben responder a criterios de proporcionalidad respecto de la estructura salarial de la planta municipal.
Tanto la alcaldesa Dina González como la administración municipal declinaron emitir declaraciones o precisar los detalles de las funciones ejercidas por la exparlamentaria desde abril de 2026. El pronunciamiento de la Contraloría resultará determinante para definir si se instruyen sumarios administrativos o si se remiten los antecedentes al Ministerio Público para descartar ilícitos penales.
¿Cómo evalúa la Contraloría General de la República la “proporcionalidad salarial” en contratos sobre la base de honorarios?
En la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, los contratos a honorarios deben regirse por el principio de razonabilidad en el gasto público. El órgano de control fiscaliza que la remuneración pactada guarde directa relación con la complejidad del cometido, las calificaciones técnicas del profesional y la escala de sueldos interna del organismo. Si el monto fijado a un prestador a honorarios excede sin justificación técnica las rentas de los funcionarios de planta o directivos superiores de carrera, el organismo fiscalizador puede objetar el pago y ordenar el reintegro de los caudales públicos percibidos indebidamente.
(Fuente: Biobío)
