Cinco de los seis ediles de la comuna ingresaron antecedentes ante la sede regional del órgano fiscalizador tras registrarse un pago mensual de $3,9 millones brutos a la asesora municipal. El requerimiento busca constatar la legalidad del contrato y la autenticidad de los informes de gestión entregados.
El proceso contra Ronald Olivares se inició tras admitir la compra y consumo de sustancias ilícitas tras fingir un secuestro durante una capacitación en Viña del Mar. El tribunal descartó la prueba biológica por no presentarse los antecedentes en el plazo legal, mientras el edil elude el tema y acusa irregularidades en el municipio.
