El parlamentario presentó contratos, comprobantes de transferencias y órdenes de compra ante la Fiscalía de Limache, apuntando a un supuesto retorno de dinero con proveedores. El alcalde Jorge Jil afirmó que suspendió al funcionario implicado e instruyó una auditoría especial a la Contraloría.
Los antecedentes expuestos ante el Ministerio Público
La probidad en los procesos de adquisición pública y licitaciones locales se colocó bajo la lupa de la justicia en la provincia de Marga Marga. El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, concurrió hasta las dependencias de la Fiscalía Local de Limache para formalizar una denuncia penal por un eventual delito de fraude al Fisco y malversación, cuyo monto estimado supera los $131 millones en la Municipalidad de Olmué.
El legislador entregó un dossier documental con comprobantes bancarios, facturas y contratos suscritos entre los períodos 2024 y 2026. De acuerdo con los antecedentes de la acusación, se habría implementado un mecanismo ilícito mediante el cual un contratista externo transfería recursos a determinadas cuentas para asegurar la adjudicación dirigida de compras y licitaciones municipales, recuperando posteriormente los montos a través de las órdenes de pago emitidas por la corporación edilicia. Olivares solicitó al Ministerio Público periciar las responsabilidades penales de funcionarios y del propio alcalde comunal.
Acciones administrativas y sumario en la alcaldía
Frente a la denuncia, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, descartó de plano cualquier vínculo doloso y aseguró que la administración comunal ya había activado las medidas de control interno. El jefe comunal precisó que el pasado viernes 14 de agosto tomó conocimiento de una alerta sobre supuestos pagos irregulares, decretando de inmediato la apertura de un sumario administrativo.
En el marco de dicho proceso disciplinario, el fiscal instructor determinó la suspensión inmediata de sus funciones para el servidor público involucrado, quien prestará declaración durante la semana. Asimismo, Jil ofició formalmente a la Contraloría General de la República para que encabece una auditoría externa sobre todos los contratos adjudicados al proveedor en cuestión desde el año 2024, enfatizando que no habrá amparo para irregularidades y que el municipio remitirá los informes resultantes a los tribunales.
¿En qué consiste el delito de “cohecho pasivo propio” en las licitaciones públicas de municipios?
En el derecho penal chileno (artículo 248 bis del Código Penal), el cohecho pasivo propio se configura cuando un empleado o autoridad pública solicita, acepta o recibe un beneficio económico o dádiva para ejecutar un acto contrario a los deberes de su cargo, o para omitir una acción obligatoria. En el ámbito de las compras del Estado, este ilícito se consuma cuando el funcionario manipula las bases de licitación o las órdenes de compra para favorecer deliberadamente a un determinado oferente a cambio de un soborno o retorno de dinero (coima), sancionándose con penas de presidio, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y multas por el doble del monto recibido.
(Fuente: Biobío)