La Municipalidad de Papudo interpondrá una querella criminal tras registrarse una balacera en el Estadio Municipal durante un duelo de categoría senior femenina entre Caupolicán de Cachagua y Unión Católica de Papudo, hecho que desató escenas de terror entre los asistentes. La alcaldesa Claudia Adasme convocó a una reunión extraordinaria con los clubes para definir sanciones disciplinarias, en un escenario donde la Delegación Presidencial admitió la urgencia de expandir los planes de seguridad y la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA) alertó sobre la absoluta falta de recursos para costear guardias privados.
El violento episodio ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro deportivo, instante en que un grupo de sujetos ajenos al recinto irrumpió en las instalaciones y percutó al menos dos disparos al aire, provocando la estampida y el pánico de familias, jugadoras y dirigentes. Frente a la gravedad de los hechos, la jefa comunal Claudia Adasme ratificó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables y anunció mesas de trabajo con las ligas locales para aplicar castigos deportivos ejemplares.
La balacera reabrió el debate sobre la vulnerabilidad de las canchas de barrio tras el homicidio del futbolista Nicolás Vidal en abril pasado, hecho que motivó un plan piloto regional de resguardo que —según las autoridades— quedó acotado a un torneo específico y debe ser ampliado. Dicho mecanismo opera mediante la detección de partidos críticos por parte de la ARFA, la designación de un dirigente a cargo de la seguridad y patrullajes de Carabineros con drones y personal de la delegación.
Sin embargo, el presidente de la ARFA regional, Manuel Díaz, advirtió que la cobertura resulta insuficiente, recordando que en la región conviven 617 clubes que disputan más de tres mil partidos semanales y que carecen de financiamiento para contratar empresas de seguridad privada. Paralelamente, los impulsores de la denominada “Ley Nico Vidal” esperan que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vote prontamente el proyecto despachado por la Comisión de Deportes, iniciativa orientada a fijar estándares obligatorios de infraestructura, emergencias y prevención en las canchas comunitarias.
Claves para entender la seguridad en el fútbol amateur: A diferencia del fútbol profesional regulado por la Ley de Violencia en los Estadios (Ley N° 19.327) —donde los clubes organizadores asumen costos obligatorios de guardias privados, cámaras de alta resolución y controles de acceso—, el fútbol barrial y amateur funciona como una actividad social regida por el derecho asociativo común. Esta asimetría deja el resguardo de las canchas comunitarias sujeto únicamente a las capacidades de patrullaje preventivo de Carabineros y de la seguridad ciudadana municipal. En términos procesales, disparar armas de fuego de manera injustificada en recintos de concurrencia pública constituye un delito autónomo sancionado en la Ley de Control de Armas, facultando a los municipios a querellarse por atentados a la seguridad pública y alteración del orden constitucional.
(Fuente: Biobío)