La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y el Concejo Municipal se reunirán este lunes para destrabar una fórmula financiera tras el rechazo a la reasignación de fondos para remuneraciones, pugna que mantiene en vilo la continuidad de 406 trabajadores a honorarios. El conflicto sumó una nueva arista tras la denuncia del sindicato respecto a la desvinculación imprevista de siete funcionarios —cuatro a contrata y tres a honorarios—, mientras los ediles exigen priorizar la estabilidad del personal de mayor antigüedad y revisar los sueldos del equipo de confianza.
El encuentro entre el cuerpo de concejales y la jefa comunal tiene como propósito analizar una contrapropuesta técnica que permita viabilizar una modificación presupuestaria y someterla a votación, garantizando los pagos antes de que la crisis operativa escale. La controversia se agudizó el viernes 30 de octubre, cuando el presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, Miguel Moya, denunció el despido sin previo aviso de cuatro funcionarios a contrata y tres a honorarios, entre los cuales figuran profesionales técnicos con más de tres años de servicio en la administración municipal.
Desde el Concejo, los ediles cuestionaron los criterios de ajuste adoptados por la alcaldía. La concejala Paula Castro explicó que la alternativa elaborada por los ediles busca subsanar cuestionamientos por aumentos de grado y diferencias salariales injustificadas, protegiendo a los funcionarios más antiguos. En la misma línea, el concejal Francisco Villegas argumentó que el presupuesto 2026 ya contemplaba los recursos para los empleados con trayectoria, señalando que las rebajas no deben recaer sobre ellos, sino sobre los sueldos y contrataciones recientes del círculo de confianza de la alcaldía.
Hasta el momento, la municipalidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causales de los despidos denunciados ni si el plan de contención de gastos contemplará reajustes en la plana directiva.
Claves sobre el personal a contrata y a honorarios en los municipios: En el régimen de empleo público chileno, los trabajadores a contrata forman parte de la dotación transitoria de la municipalidad, contando con derecho a la prórroga de sus contratos si se ha consolidado el principio de “confianza legítima” tras dos años continuos de servicio, lo que impide su desvinculación sin un acto administrativo fundado en un déficit justificado o mala calificación. En contraste, los prestadores a honorarios se rigen formalmente por el Código Civil como contratos de prestación de servicios, careciendo del estatuto administrativo de los funcionarios de planta. Sin embargo, la jurisprudencia de la Contraloría y de los tribunales laborales ha establecido que, si un trabajador a honorarios cumple funciones habituales con jefatura, horario y subordinación, se configuran relaciones de dependencia que obligan al municipio a indemnizar despidos injustificados, encareciendo el pasivo judicial de la corporación si se ejecutan desvinculaciones sin respaldo presupuestario.
(Fuente: Biobío)