El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado por el robo con homicidio del guardia comercial Marco Labarca, a quien apuñaló en el tórax en plena vía pública tras ser sorprendido intentando sustraer artículos de cocina desde un establecimiento del centro de la ciudad. El tribunal consideró acreditada la autoría material del sujeto y su evidente peligro para la seguridad colectiva, fijando un plazo de 90 días para el cierre de la indagatoria en un caso que reavivó duras críticas por la falta de choferes para los vehículos de patrullaje municipal.
La formalización de cargos situó los hechos el pasado 27 de octubre en un recinto comercial de Avenida Argentina con Pasaje Quillota. De acuerdo con la relación del Ministerio Público, el agresor ingresó sin autorización al segundo piso del inmueble con la intención de sustraer menaje y utensilios de cocina. Al verse descubierto por los empleados, el antisocial emprendió la fuga hacia la calle, siendo seguido por la víctima en un intento por frustrar el atraco.
La persecución concluyó a los pocos metros, cuando el imputado atacó intempestivamente al trabajador con un arma blanca en la zona torácica. Las lesiones cortopunzantes le provocaron a Labarca un taponamiento cardíaco y un choque hemorrágico agudo que le causaron la muerte en el lugar. Ponderando estos antecedentes y el amplio historial policial del acusado, el magistrado resolvió ordenar su reclusión inmediata en un penal por un período de tres meses.
El dictamen también desató cuestionamientos políticos a la gestión preventiva local. El concejal Jorge López denunció graves mermas en los recursos operativos de la comuna, alertando que solo cuatro de los catorce vehículos de seguridad ciudadana cuentan actualmente con conductor por turno debido a retrasos en las contrataciones, lo que limita la capacidad de respuesta y patrullaje en el sector céntrico.
Claves para entender el robo con homicidio y el riesgo procesal: La figura de robo con homicidio (artículo 433 N.° 1 del Código Penal) es una de las figuras más severamente castigadas del catálogo penal chileno, pues la legislación sanciona conjuntamente el atentado patrimonial y la afectación del bien jurídico supremo que es la vida humana, imponiendo penas que van desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado. En materia de cautelares personales, cuando existen pruebas científicas y registros audiovisuales que vinculan directamente al atacante con la agresión mortal, el Código Procesal Penal estipula una presunción calificada de peligro para la seguridad de la sociedad, haciendo inviable el cumplimiento en libertad y obligando al tribunal a imponer la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio oral.
(Fuente: Biobío)