Una banda de entre cuatro y seis delincuentes protagonizó un violento asalto bajo la modalidad de alunizaje contra la joyería Aurus en pleno centro de Valparaíso, impactando una camioneta marcha atrás contra la mampara para sustraer joyas y dinero en efectivo. Tras el atraco y la posterior huida de los antisociales arrojando miguelitos, el fiscal Pablo Bravo calificó como “impresentable” la negativa del establecimiento comercial a facilitar los registros de sus cámaras de seguridad a los persecutores, mientras Carabineros mantiene bajo interrogatorio a dos personas en calidad de interés investigativo.
El asalto ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la esquina de las calles Yungay y 12 de Febrero. Los antisociales llegaron a bordo de dos vehículos y utilizaron una camioneta con encargo por robo para estrellar su parte trasera contra el acceso del local y fracturar la estructura. Vestidos con overoles azules, los asaltantes irrumpieron en las dependencias para intimidar al personal de turno y apropiarse de diversas alhajas y dinero en efectivo antes de escapar del lugar.
Para obstaculizar la persecución policial, los delincuentes esparcieron miguelitos en las vías aledañas y utilizaron combustible en su trayectoria de fuga. El mayor Guido Clese precisó que la banda contó con el apoyo de otros dos automóviles, dos de los cuales ya se encuentran identificados y registraban denuncias vigentes por robo, manteniéndose la búsqueda de un tercer vehículo implicado.
El fiscal Pablo Bravo indicó que, si bien preliminarmente no se registraron armas de fuego ni trabajadores lesionados, la diligencia se vio entorpecida por la administración de la joyería. El persecutor reprochó abiertamente la reticencia de los dependientes a entregar las grabaciones internas de televigilancia, catalogando la actitud de “impresentable” al tratarse de insumos clave para la identificación de los autores. En paralelo, dos personas que se encontraban al interior como clientes fueron retenidas por los propios trabajadores y quedaron bajo declaración policial como personas de interés.
Claves para entender la incautación de evidencia y el deber de colaboración: En el marco de una investigación criminal, las grabaciones de seguridad constituyen evidencia material determinante para el esclarecimiento de los hechos. Aunque los establecimientos privados suelen argumentar protocolos corporativos de confidencialidad para no entregar voluntariamente este material, el artículo 19 del Código Procesal Penal consagra el deber general de colaboración con el Ministerio Público. Si una empresa o víctima se rehúsa a facilitar los registros audiovisuales de un delito, el fiscal está facultado para solicitar al Juez de Garantía una orden judicial de incautación forzosa, obligando al recinto a entregar los soportes informáticos bajo apercibimiento legal e incluso configurando el delito de desacato u obstrucción a la investigación.
(Fuente: Biobío)