El abogado Luis Mariano Rendón denunció ante la Contraloría General de la República a funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros en Valparaíso tras recibir bebidas energéticas y barras de proteínas de diputados oficialistas en avenida Santos Ossa, acusando una falta a la probidad administrativa y un uso político de la función policial.
La presentación administrativa fue ingresada por Luis Mariano Rendón luego de que se difundieran registros de los parlamentarios Sebastián Zamora, Javiera Rodríguez e Ignacio Urrutia entregando insumos alimenticios y energéticos a efectivos policiales desplegados en el acceso a la ciudad puerto. De acuerdo con el escrito, el actuar de los uniformados contravendría el artículo 62 N.° 5 de la Ley N.° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, norma que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus cargos.
En su argumentación, el jurista cuestionó duramente la exposición mediática de la entrega y advirtió sobre un intento de instrumentalizar a una institución jerarquizada para fines proselitistas. “Estamos ante un grupo de políticos de ultraderecha que utilizan a la policía para hacer proselitismo, como si estuviesen en la feria en época de campaña”, sostuvo el denunciante, alertando que este tipo de gestos compromete la prescindencia política y la independencia de la fuerza pública.
Junto con requerir un pronunciamiento formal del órgano contralor, el abogado solicitó que el alto mando de Carabineros dicte una ordenanza interna que vete la recepción de regalos o aportes particulares durante los servicios operativos, además de instar a la Cámara de Diputados a revisar la conducta de los congresistas involucrados. Consultado sobre el episodio, el mando policial señaló preliminarmente no manejar antecedentes formales sobre la denuncia.
En el derecho administrativo chileno, el principio de probidad administrativa exige a todos los órganos del Estado y a las fuerzas de orden mantener una conducta funcionaria intachable, preeminencia del interés general sobre el particular y estricta prescindencia política. La prohibición legal de aceptar donativos u obsequios durante el servicio no solo busca prevenir actos de corrupción o cohecho, sino también resguardar la imparcialidad institucional frente a actores políticos o privados, evitando que la imagen pública de las policías sea asociada a campañas de posicionamiento electoral o partidista.
(Fuente: Biobío)



