Una masiva querella criminal de 168 páginas presentada por la firma Social Arquitectura puso en jaque al titular de Vivienda, Iván Poduje, acusándolo de abuso de poder y de forzar resoluciones falsas. Sin inmutarse, el secretario de Estado blindó su gestión asegurando que su labor ministerial le exige demoler lo que esté mal hecho para proteger la vida de los damnificados.
Una estrategia bajo la lupa judicial
La batalla por la reconstrucción del sector El Olivar de Viña del Mar se trasladó definitivamente desde los escombros hacia los tribunales de justicia. Los juzgados acogieron a tramitación una contundente querella criminal dirigida en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de su seremi regional y del director subrogante del Serviu. La acción legal acusa a las autoridades de orquestar un plan premeditado para expulsar a las empresas a cargo de las obras, romper de manera arbitraria sus contratos con las familias afectadas y emitir documentos con fechas adulteradas para justificar de forma fraudulenta la orden de demolición de viviendas que ya estaban levantadas.
Frente a la arremetida de los privados, el ministro Poduje defendió con fuerza la estricta naturaleza fiscalizadora de su cargo en el ministerio, argumentando que las drásticas medidas administrativas respondieron única y exclusivamente a resguardar el patrimonio fiscal y la seguridad de las familias. Desde las oficinas del Minvu esgrimieron informes científicos irrefutables de la Ditec y de laboratorios independientes que demostraron que las casas edificadas por la firma infringieron de forma abierta las normativas estructurales y de resistencia al fuego, exponiendo a los futuros habitantes a riesgos inaceptables ante sismos o incendios. El caso dio un vuelco total luego de que la Seremi de Vivienda contraatacara remitiendo antecedentes penales a la Fiscalía que acusan a la empresa de falsificar certificados técnicos de experiencia para ganar contratos públicos, elevando el conflicto a un punto de no retorno.
¿En qué consiste penalmente el delito de fraude al fisco y cómo opera en las contrataciones del Estado?
El fraude al fisco es un delito económico contemplado en el Código Penal chileno que sanciona al funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en operaciones, licitaciones o contratos del Estado, defrauda o consiente que se defraude al patrimonio público. En el contexto de obras públicas o planes de reconstrucción, este ilícito penal se configura si una autoridad inyecta recursos estatales de manera consciente en proyectos deficientes, falsifica informes técnicos para validar obras defectuosas o desvía asignaciones financieras fiscales hacia fines distintos de los aprobados por la ley, arriesgando penas que van desde el presidio menor hasta la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
(Fuente: Biobío)