El Juzgado de Garantía dictó además la medida cautelar de firma bimensual para el exgerente corporativo Claudio Boisier. La Fiscalía indaga reembolsos irregulares para uso particular y un finiquito que habría excedido en 50 millones de pesos los montos legales.
Cautelares e imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción
El desarrollo de las acciones judiciales orientadas a sancionar presuntas irregularidades financieras en la administración pública viñamarina derivó en una nueva audiencia de formalización de cargos. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma bimensual ante el tribunal para Claudio Boisier Troncoso, quien ejerció como gerente general de la Corporación Municipal y posteriormente como administrador municipal durante el mandato de la exalcaldesa Virginia Reginato.
Durante la instancia, la fiscal de la Unidad Anticorrupción, Marcia Rivas, formalizó la investigación contra el exfuncionario por la presunta autoría reiterada de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. De acuerdo con el ente persecutor, Boisier solicitó desembolsos y reembolsos con fondos públicos para cubrir gastos de carácter estrictamente personal —tales como consumos de combustible y atenciones en restaurantes—, generando un menoscabo patrimonial directo a la institución.
Indemnizaciones cuestionadas y situación procesal de exautoridades
En el eje de la acusación por fraude al Fisco, el Ministerio Público expuso que el finiquito percibido por el imputado al cesar su cargo en la Corporación Municipal en 2018 incluyó cláusulas de indemnización por años de servicio que sobrepasaron en más de 50 millones de pesos los límites normativos autorizados. La fiscal Rivas señaló que, debido a la reiteración de las conductas indagadas, la institución solicitará una pena de presidio que parte en los 5 años y un día de cárcel, considerando como atenuante su conducta anterior intachable.
Consultada sobre la eventual responsabilidad penal de la exalcaldesa Virginia Reginato, la persecutora aclaró que por el momento no existen antecedentes que permitan imputarle una participación dolosa. Rivas explicó que los retrasos en el pago de cotizaciones previsionales respondieron a un déficit financiero estructural histórico de la corporación y no a una maniobra delictiva personal de la exjefa comunal, precisando que su firma en los finiquitos constituyó un mero requisito formal de protocolo administrativo.
¿En qué consiste la medida cautelar de “arraigo nacional” en el derecho procesal penal?
En el sistema de justicia penal de nuestro país, el arraigo nacional es una medida cautelar personal decretada por un Juez de Garantía que prohíbe de forma absoluta a un imputado salir del territorio de la República mientras se desarrolla la investigación penal. Su objetivo técnico es garantizar la comparecencia del acusado a todas las citaciones del tribunal, evitar el riesgo de fuga frente a eventuales condenas de presidio y asegurar el normal desarrollo del proceso. La orden se notifica de manera inmediata e informática a la Policía de Investigaciones (PDI) y a los pasos fronterizos de aduana para bloquear cualquier intento de egreso del país.
(Fuente: Biobío)