La acción legal, que reúne a doce querellantes, imputa delitos de abuso sexual, violación, secuestro y administración desleal a los hermanos encargados del recinto. A pesar de los sumarios sanitarios iniciados por la Seremi de Salud por deficiencias higiénicas, el establecimiento continúa sus operaciones mientras avanza la investigación criminal.
Revelaciones y testimonios en el proceso de rehabilitación
El funcionamiento de recintos dedicados al tratamiento de adicciones exige una estricta supervisión ética y profesional, dada la inherente vulnerabilidad de los usuarios que acuden en busca de atención médica. El Juzgado de Garantía de San Antonio declaró admisible una querella criminal presentada contra los propietarios del Centro Terapéutico Renace, enfocando las acusaciones en los hermanos Vladimir y Andrés Flores Hernández. De acuerdo con las actas judiciales, diversos jóvenes en rehabilitación relataron situaciones de acoso, chantaje y agresiones sexuales perpetradas por los administradores, quienes aprovechaban su posición de autoridad y el estado de medicación de los pacientes para ejercer dinámicas de manipulación.
La querella formal reúne el testimonio de doce personas representadas por el equipo jurídico litigante, extendiendo los cargos hacia los padres de los imputados —dueños legales de la sociedad— y a colaboradores del centro en calidad de presuntos encubridores. Entre los ilícitos indagados por el Ministerio Público figuran abuso sexual, violación, secuestro, administración desleal, falsificación de documentos privados y posible infracción a la Ley de Control de Armas.
Arista sanitaria y seguimiento del caso
A la tramitación penal en los tribunales de la provincia se suma la intervención del órgano fiscalizador de la salud. La Seremi de Salud de Valparaíso instruyó un sumario sanitario debido a severas deficiencias en las condiciones de habitabilidad e higiene del recinto. No obstante la acumulación de denuncias y la formalización en curso de una de las causas por la Fiscalía, el centro ha mantenido la atención de público.
Las familias y agrupaciones de afectados instaron a los organismos reguladores a acelerar las fiscalizaciones de campo. El avance de las pericias forenses y testimoniales permitirá delimitar el alcance de las responsabilidades individuales, asegurando que las instituciones de salud mental operen bajo estándares de protección irrestricta a los derechos fundamentales.
¿En qué consiste el delito de “administración desleal” en el marco del derecho penal corporativo?
En el ordenamiento penal de nuestro país, el delito de administración desleal sanciona a la persona que, teniendo a su cargo la gestión del patrimonio de una entidad, corporación o tercero, infringe sus deberes de cuidado causando un perjuicio económico deliberado al titular o abusando de sus facultades para beneficio personal. En el contexto de centros asistenciales o empresas de servicios, esta figura se configura científicamente cuando los administradores destinan de forma fraudulenta los fondos aportados por los usuarios o instituciones de previsión hacia fines ajenos al contrato asistencial, alterando los registros contables y comprometiendo el patrimonio de la organización.
(Fuente: Biobío)