El Ministerio de Vivienda y Urbanismo coordinó un despliegue de 120 efectivos policiales para intervenir las primeras 5,4 hectáreas del asentamiento. El ministro Iván Poduje encendió la controversia vecinal al confirmar que las futuras viviendas sociales del predio expropiado se asignarán estrictamente por orden de llegada, advirtiendo que en la toma existen construcciones de hasta tres pisos y múltiples automóviles.
El fantasma de la doble intervención
El masivo e histórico operativo de restitución de terrenos en la provincia costera entró de lleno en su etapa más compleja y crucial. Tras mantenerse congelado y suspendido por más de cuatro meses debido a nudos logísticos, las autoridades de la Delegación Presidencial Regional reactivaron formalmente las órdenes de lanzamiento forzoso sobre el polígono habitacional del cerro Centinela en San Antonio. Las planificaciones del comité de seguridad revelaron que el motivo prioritario detrás de la prolongada parálisis del desalojo respondía a la necesidad de no hacer coincidir estas faenas con una intervención paralela en un predio aledaño perteneciente a la sanitaria Esval, buscando evitar a toda costa un colapso en la seguridad pública de la comuna.
La planificación para esta semana contempla abarcar un perímetro inicial de 5,4 hectáreas de ocupación informal. Para garantizar la total integridad de los asistentes sociales y los actuarios judiciales, un contingente extraordinario de 120 carabineros provenientes de dotaciones de Santiago ingresó a los cerros. Mientras el delegado presidencial regional, Manuel Millones, detalló que el Gobierno mantendrá activos por un mes albergues de emergencia provistos de alimentación y abrigo, los dueños privados del predio facilitaron camiones de carga para que las familias retiren de forma voluntaria sus enseres personales. La polémica escaló tras las categóricas declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien blindó las demandas de los comités de allegados históricos declarando que los terrenos expropiados no serán exclusivos para quienes se tomaron el predio, sino que se concursarán por estricto orden de llegada legal, fustigando que el nivel de construcciones consolidadas y vehículos acumulados en la toma no se condice con situaciones de extrema pobreza.
¿Cómo se gestiona legalmente la expropiación de terrenos para fines de utilidad pública en Chile?
La expropiación es un instrumento de derecho público mediante el cual el Estado, amparado en la Constitución Política, priva constitucionalmente a un particular de su derecho de propiedad sobre un bien inmueble debido a razones de utilidad pública o interés nacional (como la construcción de carreteras o viviendas sociales). El proceso exige dictar un decreto exento fundado por el ministerio respectivo y obliga al Estado a pagar al propietario afectado una indemnización en dinero en efectivo equivalente al valor comercial real del terreno (justo precio), fijado por peritos independientes, resguardando el equilibrio económico antes de que los paños sean traspasados al patrimonio fiscal.
(Fuente: Biobío)