En el registro grabado durante la búsqueda de fuentes hídricas, la jefa comunal descartó actuar frente al cultivo argumentando evitar conflictos en la zona. Integrantes del Concejo Municipal cuestionaron la postura de la autoridad y anunciaron solicitudes de fiscalización formal ante los organismos de control.
Un diálogo sobre el hallazgo en terreno
La gestión de los asuntos municipales y la observancia de las normativas de control administrativo han quedado bajo un intenso escrutinio público en la comuna de La Cruz. La controversia se originó tras la difusión de una grabación de audio en la que se escucha a la alcaldesa Filomena Navia sostener un diálogo con el encargado de Asuntos Hídricos del municipio, Jorge Torres, en el marco de las inspecciones en terreno para la ubicación de pozos de agua en el sector 28 de Marzo.
Durante el intercambio verbal, el funcionario relató a la autoridad el hallazgo de un predio que albergaba plantaciones no autorizadas de cannabis sativa. Ante la información recibida, la jefa comunal manifestó expresamente en el audio frases como “mi rol no es perseguir la delincuencia”, sugiriendo abstenerse de acciones directas para evitar alterar el ambiente comunitario en el sector. La divulgación del registro generó inmediatas reacciones de preocupación en la esfera política local por el tratamiento dado a la detección de un eventual delito.
Fiscalización y declaraciones de la autoridad
Frente a la controversia pública, la concejala Valentina Rodríguez calificó los antecedentes expuestos en el registro como hechos de alta gravedad que requieren un esclarecimiento transparente. La edila anunció que solicitará formalmente la revisión del caso en las instancias fiscalizadoras correspondientes, remarcando que la ciudadanía exige el cumplimiento riguroso de los deberes de probidad y el buen trato hacia los funcionarios municipales.
Por su parte, la alcaldesa Filomena Navia sostuvo que revisará el contexto completo de la conversación antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la materia, reiterando su compromiso con la transparencia en la administración comunal. Mientras los estamentos locales analizan el alcance procesal del episodio, el municipio no ha entregado vocerías institucionales adicionales respecto de los protocolos adoptados tras el hallazgo.
¿En qué consiste la “obligación legal de denunciar” para los funcionarios públicos y cuáles son sus alcances jurídicos?
En el derecho procesal penal chileno, el artículo 175 del Código Procesal Penal establece que los empleados públicos, alcaldes y autoridades están obligados por ley a denunciar todo delito de acción penal pública del que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La normativa fija un plazo estricto de 24 horas siguientes a la noticia del hecho para poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía, Carabineros o la Policía de Investigaciones. El incumplimiento de esta obligación no constituye una decisión discrecional del funcionario, sino que puede derivar en responsabilidades administrativas sancionables mediante sumario o en infracciones penales por omisión de denuncia.
(Fuente: Biobío)