La fiscalización detectó anulación de decretos de pago, duplicación de obligaciones, cuentas bancarias no informadas y abultadas deudas con proveedores durante 2025[cite: 67]. El municipio confirmó la puesta en marcha de un plan de trabajo correctivo previo al traspaso del sistema educativo al SLEP del Litoral en 2027[cite: 67].
Hallazgos de auditoría y denuncias en el Concejo
Un severo informe emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso constató múltiples irregularidades administrativas y financieras en la gestión del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de El Tabo[cite: 67]. La investigación del órgano de control auditó las disponibilidades presupuestarias del servicio educativo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, concluyendo que el desorden contable interno afectó de manera directa la confiabilidad de la información financiera y el resguardo del patrimonio público[cite: 67].
La fiscalización se nutrió de los antecedentes proporcionados por la concejala Karina Soto, quien denunció formalmente ante el ente contralor la eliminación o anulación arbitraria de decretos de pago directamente desde las plataformas contables, así como la emisión de decretos duplicados para respaldar una misma obligación económica[cite: 67]. A estas anomalías se sumaron millonarias deudas impagas con proveedores, cuentas bancarias no declaradas en los balances oficiales y falta de conciliaciones de saldos de dinero, aspectos que fueron calificados por la concejala Claudia Aracena como serias fallas de gestión y un débil control interno[cite: 67].
Descargos edilicios y el traspaso a los Servicios Locales
Frente al dictamen, la Contraloría ordenó al municipio instruir un procedimiento disciplinario para individualizar a los funcionarios responsables y subsanar las observaciones contables en plazos perentorios[cite: 67]. A través de una declaración institucional, la Municipalidad de El Tabo aseguró que ya coordina un plan de trabajo interno para responder a los requerimientos, corregir los procedimientos observados e implementar mejoras permanentes en coordinación con el organismo fiscalizador[cite: 67].
El escenario adquiere relevancia institucional de cara a la reforma de la educación pública: la administración de la totalidad de los colegios, escuelas y jardines infantiles de la comuna de El Tabo será transferida en enero de 2027 al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) del Litoral, proceso que exige el saneamiento previo de las cuentas para evitar heredar déficits estructurales[cite: 67].
¿En qué consiste una “conciliación bancaria” y por qué su omisión en un organismo público constituye una falta grave de control?
En la contabilidad pública y la auditoría gubernamental (según las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, NICSP), la conciliación bancaria es el procedimiento mensual obligatorio mediante el cual se contrastan los movimientos asentados en los libros de contabilidad del servicio con los saldos informados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias. Si existen cheques girados no cobrados, depósitos no contabilizados o cuentas bancarias no registradas en los libros contables, se distorsiona la disponibilidad real de fondos. Omitir estas conciliaciones o alterar y anular decretos de pago en el sistema informático impide la trazabilidad del gasto público, lo que facilita eventuales desvíos de recursos y fundamenta la apertura de sumarios administrativos e investigaciones penales por malversación de caudales.
(Fuente: Biobío)