Un reportaje investigativo reveló que al menos 18 personas condenadas por delitos sexuales y abusos reiterados contra menores de edad fueron puestas en libertad en la Región de Valparaíso, tras ser beneficiadas con decretos administrativos de rebaja de penas emitidos por el Poder Ejecutivo. La nómina incluye a reincidentes y agresores múltiples que, según informes técnicos de Gendarmería, presentan un alto riesgo de volver a delinquir, medidas que se concretaron sin notificación previa a las familias de las víctimas y que desataron un duro debate político en el Congreso.
Los antecedentes, destapados por una indagatoria de Bío Bío Investiga, establecen que de los 56 internos que accedieron al beneficio a nivel nacional, 18 residen o cometieron sus delitos en la Región de Valparaíso, abarcando comunas como Los Andes (5), Viña del Mar (4), Valparaíso (3), San Antonio (3), Quillota (2) y San Felipe (1). Todas las víctimas y sus entornos familiares se enteraron de las excarcelaciones a través de la prensa, sin mediar avisos de los organismos de asistencia judicial.
La revelación provocó inmediatas discrepancias en el Parlamento: el senador Diego Ibáñez acusó que la determinación gubernamental incrementa la inseguridad en la zona al dejar a agresores sexuales en la calle, mientras que el diputado Luis Sánchez planteó que se trata de un criterio que se arrastraba de administraciones anteriores, aunque obviando que estas rebajas fueron decretadas por vía estrictamente administrativa y no en cumplimiento de órdenes de los tribunales.
Frente a los cuestionamientos, la seremi vocera de Gobierno, Rosario Pérez, reconoció que “el Estado le falló a las víctimas” y defendió la decisión del Ministerio de Justicia de suspender la tramitación de nuevas rebajas y someter a revisión caso a caso los decretos ya vigentes. No obstante, la abogada y exseremi de Justicia, Paula Gutiérrez, advirtió sobre la gravedad de las evaluaciones de Gendarmería, remarcando que el alto riesgo de reincidencia debió ponderarse como una amenaza prioritaria para la seguridad pública antes de conceder cualquier salida anticipada.
Claves para entender la rebaja administrativa de penas y los derechos de las víctimas: En el marco legal chileno, las rebajas de condena por gracia administrativa constituyen facultades discrecionales del Poder Ejecutivo reguladas por normas penitenciarias históricas, diferenciándose de las libertades condicionales que evalúan semestralmente comisiones de ministros judiciales. El otorgamiento de reducciones de condena a reclusos calificados como de “alto riesgo de reincidencia” vulnera los principios modernos de criminología, donde los diagnósticos psicosociales de Gendarmería son la herramienta técnica clave para evitar nuevas victimizaciones. Asimismo, la falta de comunicación a las personas afectadas contraviene la Ley N° 21.057 y el estatuto procesal de protección integral de víctimas, que garantiza el derecho a ser advertidas oportunamente del egreso carcelario de su victimario para activar medidas de resguardo personal.
(Fuente: Biobío)