Informes tributarios remitidos al SII revelan montos superiores a los ingresos declarados por la legisladora durante 2025. Testimonios en el Congreso confirman que la entonces diputada requirió gestiones a Bienes Nacionales por un terreno particular de su madre en la Región de Los Ríos.
Inconsistencias tributarias y el caso “Cuota Flores”
La investigación penal por presuntos delitos de corrupción pública que instruye la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la senadora de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, incorporó nuevos antecedentes contables y administrativos. El Ministerio Público detectó más de $220 millones en facturas emitidas y recibidas durante el año 2025 que no coinciden con las rentas de la parlamentaria, remitiendo los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) al advertirse que las cifras netas informadas ($228.319.963) superaron ampliamente sus ingresos declarados en dicho período fiscal.
La indagatoria tuvo su origen en una denuncia anónima por fraude al Fisco reiterado bajo el mecanismo denominado por exfuncionarios como la “cuota Flores”, práctica mediante la cual se habría exigido a colaboradores contratados con asignaciones públicas devolver porcentajes de sus remuneraciones mensuales en dinero en efectivo. A esto se sumaron las declaraciones de exasesores que advirtieron sobre un repentino cambio de conducta de la parlamentaria en la Comisión Mixta por la Ley de Reforma Notarial y la recepción de sobres de parte del gremio de notarios.
Oficio a Bienes Nacionales y revelación de conversaciones
En paralelo, los fiscales detectaron un requerimiento oficial despachado por Flores en su época de diputada hacia la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, solicitando aclarar trámites pendientes de regularización sobre un inmueble propiedad de su madre, Verónica Oporto. Exasesores legislativos de la bancada confirmaron ante el Ministerio Público que la consulta se redactó por orden interna conociendo el parentesco directo, diligencia calificada como éticamente reprochable por los propios funcionarios que tramitaron el texto.
Asimismo, las pesquisas incorporaron extracciones de mensajería electrónica sobre los pagos de campaña:
-Camila Flores: Hola. Reyes reclamando falta de pago. Viejo de mie… para lo único que sirve.
-Heidi Serrat: Sí, me llamó, según él no entendió mi mensaje.
-Camila Flores: Viejo pelotudo.
-Heidi Serrat: Pero ya viene para acá.
-Camila Flores: Si tenemos 160, estoy perdiendo como $80 millones.
-Heidi Serrat: Ojo, que igual los montos también tienen que ser realistas.
-Camila Flores: Sí.
Los antecedentes continúan bajo análisis pericial del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía para definir eventuales solicitudes de desafuero parlamentario.
¿Cuáles son los límites legales y sanciones por el “uso de facultades fiscalizadoras parlamentarias en beneficio de parientes directos”?
En el artículo 5 bis de la Ley N.º 18.918 (Orgánica Constitucional del Congreso Nacional) y la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, los parlamentarios tienen prohibido promover o intervenir en asuntos o emitir oficios de fiscalización dirigidos a autoridades administrativas cuando ellos mismos, sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el segundo grado (como la madre) tengan un interés económico o patrimonial particular comprometido. La instrumentalización de las prerrogativas de la Cámara de Diputados para acelerar trámites de dominio privado transgrede gravemente el deber de imparcialidad, habilitando sanciones de la Comisión de Ética y configurando el delito de tráfico de influencias contemplado en el artículo 240 bis del Código Penal.
(Fuente: Biobío)