El Ministerio Público indaga la participación legislativa de la senadora Camila Flores en el proyecto aprobado en 2025. Las pericias buscan esclarecer presuntos vínculos con representantes de los conservadores de bienes raíces y el cobro en efectivo a sus asesores.
Requerimientos de información en la sede legislativa
La investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso por presuntas irregularidades vinculadas a la senadora Camila Flores ingresó a un nuevo ámbito de revisión documental. El organismo persecutor solicitó oficialmente al Congreso Nacional la entrega de la totalidad de las actas, votaciones e informes técnicos asociados al proyecto de ley que modificó el sistema notarial y registral en el país, iniciativa aprobada a mediados de 2025 en la que la parlamentaria participó activamente durante su ejercicio como diputada.
La diligencia se enmarca en la causa conocida públicamente como “Cuota Flores”, en la cual se indaga la eventual comisión del delito de fraude al Fisco. El foco de las pesquisas apunta a determinar si existió alguna relación o beneficio indebido en las indicaciones normativas redactadas durante las sesiones de la Comisión Mixta, instancia donde se fijaron los requisitos y atributos de evaluación para la designación de nuevos fedatarios públicos en el territorio nacional.
Declaraciones de exasesores y postura de la defensa
Dentro de los antecedentes que sostienen la línea investigativa figura la declaración testimonial de su exasesor Julio Lillo. El profesional afirmó en el expediente haber presenciado la entrega de un sobre por parte del conservador de bienes raíces de Concón y titular del gremio de notarios, Carlos Swett, hacia la parlamentaria en las afueras de su domicilio durante la tramitación de la norma. A esto se suma la admisión a trámite de una querella que describe un supuesto esquema de cobro en efectivo sobre las remuneraciones pagadas con asignaciones públicas al personal de apoyo desde el año 2018.
Frente a los requerimientos del Ministerio Público, el abogado defensor de la senadora, Samuel Donoso, descartó cualquier irregularidad en las votaciones, sosteniendo que el articulado aprobado no otorgaba ventajas ni favorecía a los conservadores o notarios. Mientras diversos parlamentarios han instado al ente fiscalizador a agotar las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía continuará con el peritaje de los registros legislativos y financieros.
¿En qué consiste el principio de “probidad parlamentaria” y cómo se fiscaliza el uso de asignaciones públicas?
En el derecho público chileno, el principio de probidad administrativa exige a los senadores y diputados mantener una conducta intachable y un desempeño honesto en el ejercicio de sus funciones, primando siempre el interés general sobre el particular. La fiscalización del uso de los fondos destinados a la contratación de personal de apoyo (asesores) está a cargo del Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Cualquier exigencia o retención de dinero sobre el sueldo de un funcionario contratado con recursos del Estado constituye una vulneración grave que puede ser tipificada penalmente como fraude al Fisco o exacción ilegal.
(Fuente: Biobío)