Diputados de Renovación Nacional (RN) solicitaron a la Contraloría General de la República revisar la legalidad de la expropiación anunciada por el Ministerio de Vivienda en la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso. Se trata de un terreno de 100 hectáreas donde actualmente viven más de 10 mil personas.
El requerimiento fue presentado por los parlamentarios Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Celis y Andrés Longton, quienes pidieron a la contralora Dorothy Pérez dictaminar sobre “la legalidad de la utilización de procedimientos expropiatorios para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación u ocupación, y cuyo desalojo ya cuenta con una resolución judicial firme y ejecutoriada”.
La acción se origina luego de que el Minvu confirmara esta semana la expropiación parcial del terreno ocupado, con el fin de desarrollar un proyecto habitacional de vivienda social.
En el escrito, los diputados sostienen que la megatoma ha generado “una amplia serie de situaciones no deseables” que afectan la calidad de vida en San Antonio y sus alrededores, mencionando tráfico de drogas, delitos asociados, problemas sanitarios por falta de agua potable y alcantarillado, riesgos por conexiones eléctricas ilegales y ausencia de servicios esenciales como transporte, salud y educación.
También acusan que la ocupación ha obligado al Estado a destinar “ingentes gastos” para cubrir necesidades básicas de los habitantes, además de provocar una alteración significativa en el funcionamiento de las policías debido a las contingencias derivadas del asentamiento irregular.
Los parlamentarios argumentan además que la decisión del Minvu podría vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley, al “convertir al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular, mientras que los ocupantes ven transformada su conducta al margen del derecho en un acto beneficioso”.
Por ello, pidieron al organismo contralor determinar si el ministerio está facultado para recurrir a la expropiación como mecanismo para resolver ocupaciones ilegales en inmuebles cuyo lanzamiento ya fue ordenado por tribunales, y si esta práctica se ajusta a los principios de supremacía constitucional, juridicidad, proporcionalidad, respeto a la función jurisdiccional y prohibición de desviación de poder.
(Fuente: Biobío)