La Fiscalía investiga desembolsos superiores a 800 millones de pesos por concepto de multas e intereses derivados del no pago de cotizaciones previsionales. La causa judicial abarca además finiquitos indemnizatorios cuestionados y transferencias irregulares de recursos públicos.
Persecución penal por manejo de fondos públicos
El seguimiento judicial a los actos de administración financiera en las corporaciones municipales ha registrado un hito procesal determinante en la Quinta Región. En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se lleva a cabo la audiencia de formalización de cargos en contra de Claudio Boisier Troncoso, quien se desempeñó como gerente general de la Corporación Municipal y posteriormente como administrador municipal durante la gestión de la exalcaldesa Virginia Reginato. El Ministerio Público le imputa la presunta autoría en los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
La investigación penal tiene su origen en una querella interpuesta por la actual administración municipal encabeza por la alcaldesa Macarena Ripamonti, en representación de la Corporación Municipal. El libelo acusatorio expone un grave perjuicio patrimonial estimado en cerca de 880 millones de pesos, desembolsados entre los años 2016 y junio de 2021 únicamente por concepto de intereses, reajustes y multas generadas por el constante retraso en el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la educación y la salud municipal.
Finiquitos e indemnizaciones bajo la lupa de la justicia
Junto a los perjuicios ocasionados por la mora previsional, la Fiscalía indaga otras operaciones financieras de alta cuantía ejecutadas durante el período del imputado. Entre los antecedentes figuran la interrupción de los aportes municipales mensuales comprometidos hacia la corporación a contar de julio de 2020, factor que agravó la crisis financiera de la entidad asistencial. Asimismo, el ente perseguidor cuestiona el pago de una indemnización por término de contrato que ascendió a casi 77 millones de pesos, percibida por el propio Boisier al dejar la gerencia de la corporación para asumir de forma inmediata la administración municipal.
El expediente judicial incorpora además presuntas irregularidades en la transferencia de siete millones de pesos ordenadas por otro exdirectivo para la adquisición de un vehículo particular, operación que habría intentado regularizarse posteriormente como un préstamo personal con conocimiento de las jefaturas. La audiencia de formalización permitirá al tribunal establecer las medidas cautelares correspondientes y definir el plazo de investigación para esclarecer la responsabilidad penal de los involucrados en el menoscabo de las arcas públicas locales.
¿Cómo se diferencian jurídicamente los delitos de “malversación de caudales públicos” y “fraude al Fisco”?
En el derecho penal sustantivo chileno, ambos delitos sancionan la corrupción en el manejo de bienes estatales, pero poseen elementos típicos distintos:
Fraude al Fisco: Ocurre cuando el funcionario público, interviniendo por razón de su cargo en operaciones contractuales, licitaciones, liquidaciones o finiquitos públicos, se concierta con terceros o defrauda deliberadamente al Estado para sustraer dinero o generar un perjuicio patrimonial directo al Fisco o a las corporaciones municipales.
Malversación de caudales públicos: Se configura cuando un empleado público que tiene a su cargo, tenencia o custodia la administración de bienes o caudales del Estado, los sustrae, los aplica a usanzas privadas o les da un destino público diferente al autorizado por la ley, causando un detrimento al erario.
(Fuente: Biobío)