El Juzgado de Garantía de La Calera admitió a trámite la acción legal presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana. El libelo acusatorio se basa en declaraciones de la propia jefa comunal durante una sesión del Concejo Municipal, donde admitió tener conocimiento del hecho desde enero.
La admisión de la querella y las palabras en el Concejo
El complejo escenario administrativo y judicial que enfrenta la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, sumó una nueva arista penal tras declararse admisible una segunda querella criminal en su contra por el delito de omisión de denuncia reiterada. La acción judicial, interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana y patrocinada por el abogado Raimundo Palamara ante el Juzgado de Garantía de La Calera, sostiene que la jefa comunal habría omitido deliberadamente informar a la justicia hechos relacionados con el tráfico de drogas en un inmueble comunitario.
El sustento principal de la acusación radica en una intervención de la propia alcaldesa durante la sesión del Concejo Municipal del pasado 6 de agosto. En dicha instancia, al increpar a sus detractores, Navia expresó públicamente: “Sabía que tenían tomada la sede de la Junta de Vecinos de Arauco; por qué nunca denunciaron y permitieron que una sede social en la comuna de La Cruz estuviera tomada por personas que se dedicaban a la venta de droga (…) esto pasó en enero”. A juicio del querellante, estas declaraciones demuestran que la máxima autoridad comunal tenía pleno conocimiento de un delito flagrante en un bien de uso público y no activó los canales legales obligatorios.
Vía penal y eventual requerimiento en el Tribunal Electoral
El abogado Palamara remarcó que las autoridades no pueden “tercerizar” sus responsabilidades legales ni decidir de forma discrecional qué ilícitos llevar ante la justicia, insistiendo en que el combate al narcotráfico exige el cumplimiento irrestricto de la ley. Este nuevo antecedente se suma a la causa abierta por no denunciar una plantación de marihuana detectada con dron en el sector 28 de Marzo, caso que ya está siendo periciado por la Fiscalía de La Calera y la Contraloría Regional.
En paralelo a la sede penal, un grupo de concejales de la comuna evalúa presentar un requerimiento formal ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar la remoción de la autoridad edilicia por la causal de notable abandono de deberes. Desde la Municipalidad de La Cruz declinaron precisar si se realizaron las denuncias respectivas en las fechas señaladas, limitándose a comunicar que se encuentran colaborando y entregando todos los antecedentes solicitados por el Ministerio Público.
¿Qué valor procesal tiene la “confesión extrajudicial” de una autoridad en un proceso penal?
En el derecho procesal penal, una confesión extrajudicial es cualquier declaración espontánea, manifestación verbal o admisión de hechos realizada por una persona fuera de una audiencia judicial formal (por ejemplo, en un Concejo Municipal transmitido públicamente, una entrevista de prensa o un documento administrativo). Aunque no reemplaza a la declaración prestada ante el fiscal o el juez, el Ministerio Público y los querellantes pueden incorporarla como medio de prueba documental o testimonial. El tribunal ponderará su verosimilitud y contexto para acreditar el conocimiento previo (dolo de omisión) que tenía el funcionario sobre un hecho ilícito.
(Fuente: Biobío)