El Estado concretó la entrega formal de 98,4 hectáreas a la inmobiliaria propietaria tras un operativo ejecutado en dos etapas. El despliegue de Carabineros dejó un saldo de 22 personas detenidas, mientras el Minvu avanza en el plan habitacional para 2.000 familias.
Un fallo judicial cumplido en su totalidad
El proceso de desalojo y restitución territorial más extenso y complejo de la historia reciente de la Región de Valparaíso concluyó de manera definitiva. Tras siete meses de continuas faenas operativas, el Gobierno hizo entrega formal de 98,4 hectáreas a los representantes de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., dando cumplimiento íntegro a la sentencia ejecutoriada dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenaba la restitución del predio en el cerro Centinela.
La culminación del proceso fue encabezada en terreno por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien calificó la jornada como un “hecho histórico” para la vigencia del Estado de derecho y el respeto a la propiedad privada. El procedimiento se estructuró en dos etapas sucesivas: la primera fase iniciada el 12 de enero de 2026 bajo la anterior administración y la etapa final reanudada en julio, completando la demolición de construcciones desocupadas y el despeje pacífico de los distintos polígonos.
Balance del operativo y el desafío habitacional
El balance operativo entregado por la jefa de la Zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, dio cuenta del despliegue permanente de más de 350 efectivos —incluyendo unidades tácticas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE)— y un saldo acumulado de 22 personas detenidas. La autoridad policial recordó que el sector representaba un área de alta complejidad, donde incluso se registraron incidentes con armas de fuego contra funcionarios policiales durante las fases iniciales.
Por su parte, la empresa propietaria avanza en el cierre perimetral y la construcción de zanjas de resguardo que ya superan los 500 metros lineales para evitar nuevas usurpaciones. En paralelo, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que el foco prioritario del Ejecutivo se trasladará ahora hacia el Plan Habitacional en los terrenos fiscales contiguos, buscando dar una solución ordenada mediante subsidios regulares a cerca de dos mil familias de la provincia que continúan a la espera de una vivienda definitiva.
¿En qué consiste el “auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento” en el cumplimiento de fallos judiciales?
En el derecho procesal civil, cuando un tribunal superior ordena la restitución de un bien inmueble ocupado ilegalmente, dicta un decreto de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Esta orden judicial faculta formalmente a Carabineros de Chile para actuar en auxilio del receptor judicial, otorgando atribuciones para realizar el descerrajamiento (romper candados o cerraduras) y el allanamiento (ingreso forzoso a los predios e inmuebles) con el fin de retirar a los ocupantes y sus enseres. La actuación policial debe regirse por los principios de legalidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
(Fuente: Biobío)
