El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la subsecretaria Josefina Soto firmaron un decreto reservado que redujo en diez meses la condena de Peter Rojas Gallardo, sentenciado a cinco años de presidio por el brutal asesinato de un adulto mayor de 83 años que le daba alojamiento en Catemu. El acto administrativo se concretó el pasado 5 de noviembre al amparo de la Ley N° 19.856 por conducta sobresaliente, pese a que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema le habían denegado previamente la libertad condicional por presentar riesgo medio de reincidencia y adicción a las drogas, reactivando las presiones políticas contra la cartera mientras el Ejecutivo anunció que buscará derogar la norma por completo.
El beneficiado por el decreto ministerial es Peter Andrés Rojas Gallardo (40), quien registraba condenas previas por hurto y robo con violencia antes de cometer el crimen de Jorge del Carmen Frez Olivares en 2022. En aquella ocasión, el adulto mayor acogió a Rojas en su vivienda en Catemu por encontrarse en situación de calle; sin embargo, el agresor lo golpeó y asfixió con un cordón en su dormitorio, ocultando el cadáver durante semanas bajo prendas de vestir mientras engañaba a los familiares que acudían a buscarlo.
Pese a que el homicida mantenía informes desfavorables de Gendarmería donde se catalogaba su salida como un peligro comunitario y la justicia ordinaria le cerró las puertas a la libertad condicional, su defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte de Valparaíso para exigir la reducción de su pena. Antes de que el tribunal de alzada emitiera su fallo, el Ministerio de Justicia resolvió otorgar la rebaja de 10 meses mediante el decreto reservado suscrito por Rabat y Soto, adelantando el término de su sanción para octubre de 2026 y provocando que el reo desistiera de la acción judicial tras consumarse el beneficio.
Desde el Ejecutivo justificaron la rúbrica argumentando que el ministerio se encuentra legalmente obligado a dictar estas rebajas si los seremis acreditan los requisitos formales de conducta, señalando que la suspensión anunciada semanas atrás aplicaba de forma exclusiva a sentenciados por delitos sexuales contra menores. No obstante, frente a la nueva controversia, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, comunicó que el Gobierno impulsará la derogación total de la Ley N° 19.856 para cerrar definitivamente la aplicación de este mecanismo en todo tipo de delitos.
La Ley N° 19.856 establece un régimen administrativo de incentivos para la reinserción social, facultando al Poder Ejecutivo a reducir los plazos de condena a internos que demuestren conducta sobresaliente y participación en actividades laborales o socioeducativas en los recintos carcelarios. A diferencia de los beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional —que dependen de órganos colegiados del Poder Judicial—, estas rebajas operan por decreto supremo bajo potestad de la administración central. El debate institucional radica en la rigidez de su diseño actual, el cual no pondera la gravedad del bien jurídico vulnerado ni los peritajes de peligrosidad criminológica, generando vacíos regulatorios donde autoridades deben firmar rebajas a condenados por crímenes violentos a menos que el Congreso derogue o reformule la ley.
(Fuente: Biobío)