El pleno de la Corte Suprema resolvió no dar curso a la renuncia presentada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, solicitando un informe exhaustivo al tribunal de alzada porteño para esclarecer las acusaciones que apuntan a que pagó durante casi dos décadas a una abogada externa para redactar sus sentencias. La determinación del máximo tribunal busca impedir que la salida voluntaria de la magistrada entorpezca la determinación de responsabilidades administrativas y disciplinarias, medida que contó con el respaldo explícito de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.
La controversia estalló tras destaparse una demanda por tutela laboral interpuesta por la abogada Damaris Silva, quien acusó haber cumplido funciones durante 17 años para la magistrada a cambio de pagos sistemáticos de $300 mil mensuales para confeccionar los borradores de sus fallos, litigio que en su momento concluyó con un pacto económico confidencial entre las partes. Frente al escándalo, la jueza —quien se encuentra con licencia médica y es la segunda integrante más antigua del tribunal de alzada— formalizó su renuncia, la cual fue acogida inicialmente a nivel local pero congelada de inmediato por la Corte Suprema.
La presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, valoró el freno impuesto desde el máximo tribunal, subrayando que aceptar la desvinculación inmediata de Aguirre habría bloqueado o dificultado la apertura de sumarios y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias. En tanto, la presidenta de la corte porteña, Silvana Donoso, reconoció que los ministros locales se encuentran en una posición compleja e inhibida para tramitar una investigación interna de forma autónoma sin antes contar con los descargos formales de la involucrada y las directrices centrales.
En el debate técnico, académicos y penalistas han remarcado que si bien un juez puede valerse legítimamente de asistentes para transcripciones mecanográficas o dictados por motivos de salud, el límite legal se vulnera de manera irremediable cuando se entregan piezas procesales a externos no investidos para que diseñen las fundamentaciones jurídicas y resuelvan el fondo de los litigios.
El ejercicio de la función judicial en Chile se rige por el principio constitucional de inexcusabilidad e indelegabilidad de la jurisdicción, establecido en el Código Orgánico de Tribunales. Este mandato consagra que la labor de juzgar es un deber personalísimo del magistrado debidamente juramentado, quien no puede traspasar la deliberación ni la fundamentación jurídica de sus sentencias a terceros ajenos a la administración de justicia. En el plano procesal, cuando un juez delega materialmente la redacción resolutiva en particulares, no solo comete una infracción grave a la fe pública que amerita remoción o juicio disciplinario, sino que arriesga viciar de nulidad absoluta las resoluciones dictadas, al infringir la garantía básica de los ciudadanos de ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial.
(Fuente: Biobío)