El órgano fiscalizador investiga presuntos sobreprecios en el arriendo de maquinaria pesada a la empresa San Nicolás y la omisión de toma de razón en seis convenios directos. La exdelegada presidencial de Valparaíso aseguró que su proceder se ajustó estrictamente a derecho frente a una catástrofe sin precedentes.
Notificación formal y aristas del procedimiento patrimonial
La fiscalización de los fondos de emergencia utilizados tras los megaincendios que devastaron sectores urbanos de Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024 derivó en una etapa judicial administrativa. La exdelegada presidencial regional de Valparaíso y actual diputada de la República, Sofía González, confirmó haber sido notificada formalmente por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el inicio de un juicio de cuentas en su contra. La acción persigue hacer efectiva la responsabilidad civil de exautoridades por eventuales perjuicios económicos causados al patrimonio fiscal durante la contratación directa de servicios de remoción y despeje de escombros.
El libelo acusatorio tiene su origen en una auditoría previa de la CGR que detectó falta de acreditación en los trabajos ejecutados por la firma proveedora San Nicolás SpA, además de indagar posibles sobreprecios en el arriendo de maquinaria pesada. El informe de control constató que la Delegación Presidencial no requirió la acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores subcontratados ni dio respuesta formal a denuncias interpuestas por transportistas locales por servicios impagos. Asimismo, el ente contralor acreditó que seis contratos de trato directo fueron suscritos y ejecutados prescindiendo del trámite constitucional de toma de razón.
Defensa de la exautoridad y otros funcionarios incluidos
Frente a la notificación, la diputada González señaló que su equipo jurídico se encuentra analizando el fondo de los reparos, manifestando su disposición para entregar los antecedentes que justifiquen las resoluciones adoptadas. La parlamentaria argumentó que el actuar institucional se desarrolló dentro del marco legal excepcional que rige los estados de catástrofe, debiendo utilizar las herramientas administrativas disponibles con máxima celeridad para resguardar a los damnificados.
El juicio de cuentas involucra también al exdelegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme; a la jefa del Departamento de Administración y Finanzas, Jessica Díaz Salas; al encargado de Administración y Servicios, José Vera Álvarez; y al jefe de Recursos Humanos y Administración de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Freddy Collao Rojas. El tribunal de cuentas del órgano fiscalizador deberá ponderar si los descargos desvirtúan las observaciones o si corresponde ordenar el reintegro monetario solidario de los recursos objetados.
¿En qué consiste el “juicio de cuentas” de la Contraloría General de la República y cómo se determina la responsabilidad civil de los funcionarios públicos?
En el derecho administrativo chileno (Título VII de la Ley N.º 10.336), el juicio de cuentas es un procedimiento jurisdiccional de única o doble instancia radicado en la Contraloría General de la República. Su objetivo no es imponer sanciones penales ni disciplinarias, sino determinar si las autoridades o funcionarios que administraron caudales públicos incurrieron en negligencia o dolo al autorizar pagos indebidos, generando un daño patrimonial al Fisco. Si el juez de cuentas desestima los descargos presentados en el pliego de reparos, dicta una sentencia condenatoria que obliga a los involucrados a restituir de su propio patrimonio las sumas observadas, título que cuenta con mérito ejecutivo para embargar bienes.
(Fuente: Biobío)