Un crudo informe sobre el hacinamiento y el peligro de inundación del actual penal portuario aceleró las gestiones de la Delegación Presidencial. Mientras Gendarmería apoya la urgencia de un nuevo recinto, urbanistas advierten que el proyecto debe emplazarse estrictamente fuera del radio urbano para no estrangular el crecimiento habitacional de la provincia.
Un penal bajo la cota de inundación
La crisis por la sobrepoblación penal y el severo déficit de infraestructura carcelaria que azota a la Región de Valparaíso forzó a las autoridades políticas a mover las piezas del tablero de seguridad pública. La Delegación Presidencial Regional situó formalmente a la provincia de San Antonio como la principal y más viable opción para levantar un nuevo complejo penitenciario. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, blindó la propuesta argumentando que el actual recinto penal de San Antonio arrastra un colapso físico insostenible y, lo que es técnicamente más preocupante, sus estructuras se ubican de forma peligrosa bajo la cota de inundación ante eventuales catástrofes marítimas. Esta postura fue refrendada por el director regional de Gendarmería, Pablo Torres, quien reconoció que la institución debe realizar malabarismos logísticos y constantes traslados de internos hacia otras comunas para descomprimir la sobrepoblación.
Sin embargo, el anuncio encendió de inmediato las alarmas en el mundo del diseño urbano y la planificación social. El arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Abuauad, intervino en el debate advirtiendo que el país requiere con urgencia aumentar sus plazas carcelarias de alta seguridad, pero fue categórico al señalar que estos complejos bajo ninguna circunstancia pueden ser absorbidos por el crecimiento de las ciudades. Abuauad explicó que San Antonio es una alternativa real siempre y cuando el polígono se trace en sectores extraurbanos que cuenten con amplias zonas de resguardo perimetral, impidiendo que el penal degrade la calidad de vida de los barrios residenciales vecinos o interfiera con el desarrollo de proyectos logísticos asociados a la expansión del megapuerto.
¿Cómo impacta la localización de un recinto penal en la plusvalía y planificación de un territorio?
En el ámbito del urbanismo y la geografía económica, la instalación de una infraestructura de impacto crítico (como una cárcel o un vertedero) genera un fuerte desafío para la planificación territorial. Si el penal se emplaza cerca de zonas residenciales, suele provocar una caída inmediata en la plusvalía (valor comercial) de las viviendas del entorno debido a la percepción de inseguridad y externalidades viales. Por esta razón, los planos reguladores modernos exigen que estos complejos se ubiquen en zonas extraurbanas o rurales amortiguadas, equilibrando la necesidad del Estado de contar con seguridad penitenciaria con el derecho de las comunidades a un desarrollo habitacional armónico.
(Fuente: Biobío)