Luis Fischer y Carlos Swett comparecieron ante los persecutores de la Región de Valparaíso por presunto tráfico de influencias vinculado a la red de la exministra Ángela Vivanco y Luis Hermosilla. La indagatoria revisa eventuales gestiones ilícitas en sus procesos de designación notarial.
Comparecencia de juristas del litoral en sede penal
Una compleja diligencia judicial sacudió al sistema registral de la zona costera. Los conservadores de Bienes Raíces de Viña del Mar y de Concón, Luis Fischer y Carlos Swett, respectivamente, prestaron declaración en calidad formal de imputados ante la Fiscalía Regional de Valparaíso en el marco de las investigaciones derivadas del denominado “Caso Audio”.
Las citaciones se enmarcan en las pesquisas por presunta intromisión indebida en causas judiciales y manipulación de nombramientos en el Poder Judicial, maniobras que derivaron en la apertura de un cuaderno de remoción y la posterior expulsión de Ángela Vivanco del pleno de la Corte Suprema tras la revelación de sus chats con el abogado Luis Hermosilla. De acuerdo con los antecedentes del máximo tribunal, las gestiones desplegadas en los concursos de los oficios conservadores de Viña del Mar y Concón formaron parte del pliego de cargos con que se destituyó a la exmagistrada.
Tesis del querellante y frentes judiciales paralelos
El abogado querellante en la causa, Mauricio Daza, señaló que las pesquisas buscan acreditar si Fischer y Swett tuvieron participación culpable en delitos de tráfico de influencias para beneficiarse ilícitamente en sus nombramientos. Por su parte, la defensa de ambos juristas, asumida por el penalista Juan Carlos Manríquez, descartó anomalías en el trámite y afirmó que sus representados aportaron oportunamente antecedentes documentales a la carpeta fiscal para respaldar la legalidad de sus actuaciones.
La comparecencia suma presión sobre el conservador de Concón, Carlos Swett, quien paralelamente figura en calidad de imputado en la causa por presunto fraude al Fisco y financiamiento irregular de campañas políticas que involucra a la senadora Camila Flores. La Fiscalía continuará revisando cartolas bancarias y mensajería digital incautada para determinar eventuales formalizaciones de cargos en los tribunales de garantía.
¿En qué consiste el delito de “tráfico de influencias” en el nombramiento de auxiliares de la administración de justicia?
En el Código Penal chileno (artículo 240 bis), el tráfico de influencias sanciona al funcionario público o particular que, prevaliéndose de su cargo, jerarquía o nexo personal (como un ministro de la Corte Suprema o un abogado con redes de poder), influye de manera indebida sobre otra autoridad encargada de resolver un concurso público o terna de nombramiento. En el caso de los conservadores y notarios —auxiliares de la administración de justicia designados tras ternas de las Cortes de Apelaciones y decretos del Ministerio de Justicia—, concertar respaldos a cambio de favores, compromisos económicos o fallos jurisdiccionales lesiona el principio de imparcialidad e idoneidad pública, conllevando penas de presidio menor e inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos.
(Fuente: Biobío)