El Concejo Municipal de Concón solicitó formalmente al alcalde Freddy Ramírez evaluar acciones judiciales contra la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), luego de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formulara cargos por la entrega de información falsa o incompleta respecto de sus emisiones de azufre entre 2023 y 2025. En una sesión unánime, las autoridades comunales acordaron remitir los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría, además de requerir informes técnicos al Estado para esclarecer posibles responsabilidades ante afectaciones a la salud pública.
La controversia se originó a partir de la resolución de la SMA que detectó inconsistencias en los informes de emisiones de la refinería Aconcagua de ENAP vinculados al Plan de Descontaminación Atmosférica. Durante la sesión del Concejo Municipal, los ediles calificaron la situación de extrema gravedad y demandaron que el municipio adopte un rol querellante.
Las concejalas Paulina Zúñiga y María José Aguirre enfatizaron que la protección ambiental y sanitaria de la población no es negociable, cuestionando la postura de la empresa estatal al tildar los cargos de meras inconsistencias operativas. En respuesta, el alcalde Freddy Ramírez informó que encomendó a la Dirección Jurídica elaborar un informe de viabilidad para determinar si la municipalidad cuenta con facultades legales suficientes para deducir una querella criminal.
En el ámbito político, los diputados Hotuiti Teao y Jaime Mulet llamaron a respaldar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara Baja. De forma paralela, el concejo aprobó por unanimidad solicitar los monitoreos ambientales recientes a la Seremi de Medio Ambiente y elevar el expediente a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía local.
Claves para entender el rol municipal en controversias ambientales: Las municipalidades poseen personalidad jurídica de derecho público y autonomía para gestionar los intereses de su territorio, lo que las legitima para interponer querellas criminales cuando se presumen delitos que amenazan la salud pública o la fe colectiva. En materia regulatoria, mientras la SMA ejerce la potestad administrativa de sancionar faltas a los planes de descontaminación mediante multas o medidas de clausura, la adulteración o entrega maliciosa de información ambiental a un organismo del Estado puede derivar en ilícitos penales de falsificación de instrumento público o fraude procesal, habilitando la apertura de causas criminales a cargo de la Fiscalía y la eventual intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
(Fuente: Biobío)