Organismos estatales comenzaron a rescindir e invalidar convenios con Protec Chile, firma vinculada a la alcaldesa Verónica Rossat, luego de que entrara en vigor la prohibición legal que impide a autoridades vender servicios de vigilancia al Estado. Tras detectarse múltiples licitaciones y compras directas en recintos de salud, aeródromos y oficinas públicas, diversas instituciones y parlamentarios recurrieron a la Contraloría para auditar la legalidad de los vínculos vigentes y previos.
La Dirección Regional del Registro Civil dio el primer paso al terminar de forma anticipada uno de sus convenios con Protec Chile, empresa de seguridad vinculada a la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind/ex-UDI). La medida responde a que el contrato se suscribió cuando ya regía la normativa que veta expresamente este tipo de transacciones. En esa misma línea, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Municipalidad de Catemu y el Servicio de Salud Aconcagua (SSA) ya iniciaron los procesos administrativos para anular sus respectivos acuerdos.
La restricción emana de la Ley 21.659 de Seguridad Privada, que comenzó a regir el 28 de noviembre de 2025. En su artículo 36, la norma prohíbe de manera tajante que empresas donde participen autoridades en ejercicio —incluyendo alcaldes y concejales— presten servicios de seguridad al aparato público. Pese a ello, un informe de la plataforma EstadoClaro.cl reveló que al menos nueve reparticiones adjudicaron guardias o sistemas de cámaras a Protec con posterioridad a esa fecha.
Entre las entidades involucradas figuran las direcciones de Valparaíso y Coquimbo del Registro Civil, la DGAC, el Hospital de Ovalle, el Cesfam Cordillera Andina del SSA, Bienestar Social de la Primera Zona Naval de la Armada, el Sence y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), además de compras ágiles tramitadas por Gendarmería en Los Andes y los municipios de San Felipe y Catemu.
Frente a los requerimientos, la DGAC confirmó la tramitación del término anticipado del servicio de guardias en el aeródromo de Peldehue para ajustarse a la normativa. En Catemu, el alcalde Rodrigo Díaz ordenó iniciar la invalidación del contrato, aunque conservará los equipos de vigilancia ya instalados al contar con dos años de garantía. El SSA informó que dictará la resolución para caducar las labores en el Cesfam Cordillera Andina, mientras que el Sence evalúa sus tres contratos y la Armada no entregó respuesta sobre el monitoreo de alarmas en jardines infantiles. Por su parte, el IFOP argumentó que la prohibición no los alcanza por ser una corporación de derecho privado.
La controversia también se extiende a convenios adjudicados antes del 28 de noviembre de 2025, respecto de los cuales se continuaron emitiendo órdenes de compra. Según explicó el académico de Derecho Administrativo de la PUCV, Martín Loo, el veto normativo vuelve ilegales tanto las contrataciones nuevas como aquellas suscritas con anterioridad.
Bajo este escenario, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) prepara una compra de urgencia para prescindir del resguardo de Protec en el Hospital del Salvador. A su vez, el SSA remitió decenas de órdenes de compra a la Contraloría General de la República para resolver si corresponde el finiquito de los servicios en recintos de Putaendo, Llay Llay y Los Andes; misma instancia fiscalizadora a la que recurrió el diputado Nelson Venegas (PS) para exigir sanciones y responsabilidades administrativas.
Claves para entender el conflicto: En la administración pública rige de forma estricta el principio de probidad, que busca impedir que quienes ejercen funciones de representación o poder tomen ventaja de su posición para obtener contratos estatales o generar un conflicto de interés. Cuando una ley fija una incompatibilidad expresa —como ocurrió con la Ley de Seguridad Privada—, los convenios entre organismos públicos y firmas con participación de autoridades pierden sustento jurídico. Si la relación contractual continúa, los servicios se arriesgan a incurrir en actos ilegales, lo que obliga al Estado a revocar las compras, invalidar los acuerdos y dar cuenta a la Contraloría para evitar faltas a la fe pública.
(Fuente: El Mostrador)