Un procedimiento policial iniciado por una denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) en Laguna Verde, Valparaíso, culminó con la detención de un hombre y su madre, tras el hallazgo de dos armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas y clorhidrato de cocaína. Aunque la dueña de casa autorizó inicialmente el ingreso de Carabineros a la vivienda, la presencia del armamento y las sustancias ilícitas derivó en su aprehensión como presunta responsable de la tenencia ilegal de los elementos encontrados.
Las diligencias de Carabineros se activaron a partir de un requerimiento por violencia intrafamiliar que derivó en la detención del presunto agresor en la localidad de Laguna Verde. Durante las primeras revisiones en el lugar, los funcionarios encontraron una bolsa con clorhidrato de cocaína perteneciente al sujeto.
Conforme avanzaron las pesquisas en el sector, el personal uniformado detectó indicios de que el imputado acopiaba otros elementos vinculados a actividades delictivas en el domicilio de su madre. Tras obtener la autorización voluntaria de la propietaria para registrar la propiedad, los uniformados ingresaron al inmueble e incautaron dos armas de fuego, munición de distintos calibres, un chaleco antibalas y dosis adicionales de estupefacientes.
El mayor de Carabineros, Hernán Díaz, detalló que las diligencias permitieron ubicar el armamento en el inmueble y confirmó que el acceso de la policía contó con el consentimiento previo de la dueña de casa. Sin embargo, ante la gravedad del armamento y la droga descubierta en dependencias comunes, la mujer también fue detenida por su eventual responsabilidad en la tenencia de estas especies, quedando ambos a disposición del Ministerio Público para su formalización.
Respecto a la validez procesal de las pruebas, el abogado penalista Felipe González explicó que el consentimiento otorgado por un propietario no es absoluto cuando surgen elementos que permitan sospechar fundadamente de su participación en los hechos, por lo que el tribunal deberá evaluar la legalidad del allanamiento atendiendo a las circunstancias específicas del hallazgo.
Claves para entender el procedimiento: En el sistema procesal penal, la inviolabilidad del hogar es una garantía constitucional que solo puede ser superada mediante tres vías: una orden judicial de entrada y registro, una situación de flagrancia, o la autorización expresa y voluntaria del propietario o morador. No obstante, cuando un habitante permite voluntariamente el ingreso de las policías y en ese acto se descubren objetos ilícitos —como armas no registradas o drogas—, se configura un delito flagrante de tenencia o posesión. En estos casos, la calidad procesal del morador puede cambiar de testigo o colaborador a imputado, siendo el juez de garantía quien finalmente debe ponderar si el consentimiento fue libre y espontáneo para validar la legalidad de la incautación como prueba para el juicio.
(Fuente: Biobío)