La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, enfrenta un recurso de protección interpuesto por el administrador del tribunal, Jorge Rojo, quien la acusa de maltrato psicológico y presiones para forzar su renuncia, obteniendo en la Corte de Apelaciones de La Serena una orden de no innovar que frena provisionalmente su salida.
De acuerdo con los antecedentes acompañados en la acción constitucional, el conflicto comenzó en marzo de este año, apenas dos días después de que Silvana Donoso asumiera la presidencia del tribunal de alzada, instancia en que habría tildado de “desleal” al administrador y le habría exigido su renuncia verbal semanas más tarde. La defensa de Jorge Rojo acompañó un diagnóstico psiquiátrico por trastorno ansioso-depresivo asociado a presunto acoso laboral —tras acudir también a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)—, luego de que el Pleno de la Corte acordara el 5 de octubre —por siete votos contra seis— no renovar su contrata para 2027, invocando deficiencias de gestión y pérdida de confianza.
La votación evidenció una profunda fractura interna entre los ministros: seis integrantes cuestionaron la proporcionalidad de la medida destacando los siete años de trayectoria y calificaciones sobresalientes de Jorge Rojo —pese a enfrentar un sumario abierto en abril por retrasos en el pago de remuneraciones—, mientras que los ministros Pedro García y Leonor Cohen rechazaron invocar la pérdida de confianza y Marcela Figueroa solo apeló al vencimiento anual. Por su parte, la ministra Nancy Bluck dejó constancia en acta de que los reproches formulados por Silvana Donoso carecían de parámetros objetivos y vulneraban el derecho a defensa.
A través del abogado Hugo Contreras Gómez, el administrador recurrió ante la Corte de Apelaciones de La Serena alegando arbitrariedad en su salida. El tribunal serenense —con firma del ministro Iván Corona Albornoz, la fiscal judicial Pilar Aravena Gómez y la abogada integrante Carolina Salas Salazar— admitió a trámite el recurso y decretó una orden de no innovar que permite a Jorge Rojo mantenerse en el cargo más allá del 31 de diciembre mientras se resuelve el fondo. Esta pugna interna agudiza la presión institucional sobre Silvana Donoso, fuertemente cuestionada por especialistas como Francisco Leturia y Michel Figueroa por no inhabilitarse en la terna para sucesor de Claudia Perivancich, pese a que la Fiscalía Regional indaga a su hermano, Samuel Donoso, y a sus vínculos previos con Luis Hermosilla.
En el empleo público y judicial chileno, el principio de confianza legítima protege a los funcionarios a contrata que han renovado sus vínculos por más de dos años consecutivos, impidiendo que la autoridad ponga término a sus servicios de forma discrecional sin un acto administrativo debidamente fundado en hechos objetivos comprobados. Asimismo, la orden de no innovar (ONI) en un recurso de protección es una medida cautelar decretada por el tribunal de alzada que congela los efectos jurídicos de la resolución impugnada mientras se tramita el juicio, evitando que se consume un daño irreparable —como la cesación efectiva del cargo y remuneraciones— antes de dictar sentencia definitiva.
(Fuente: Biobío)



