Seis integrantes de la Armada de Chile quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional tras ser formalizados por el delito de obstrucción a la investigación en el marco de la causa por una presunta violación grupal ocurrida al interior de la Guarnición Marítima de Rapa Nui. El Juzgado de Letras y Garantía local decretó además la prohibición absoluta para uno de los imputados de acercarse a la víctima —una joven de 23 años— y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de las pericias del Ministerio Público.
La audiencia de formalización se llevó a cabo en el tribunal insular, instancia en la que la Fiscalía expuso los antecedentes que vinculan a los seis efectivos navales con maniobras destinadas a entorpecer el esclarecimiento del grave ataque sexual denunciado al interior del recinto militar en la isla.
Tras ponderar los argumentos de los intervinientes, el magistrado acogió la solicitud del ente persecutor y ordenó el arraigo nacional para la totalidad de los funcionarios imputados con el fin de asegurar su permanencia en el territorio nacional y su comparecencia a los actos del procedimiento. Adicionalmente, el tribunal impuso una restricción cautelar específica de alejamiento respecto de la joven denunciante para uno de los acusados.
La investigación principal continúa bajo la dirección del Ministerio Público, que dispondrá de tres meses para completar las diligencias periciales, testimoniales y forenses orientadas a determinar tanto la participación en los hechos constitutivos de delito sexual como las responsabilidades individuales en el encubrimiento u obstaculización de la causa.
En el Código Penal chileno, el delito de obstrucción a la investigación (artículo 269 bis) sanciona a quien, a sabiendas, obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables mediante la aportación de antecedentes falsos o la ocultación, alteración o destrucción de evidencia relevante para el Ministerio Público. Cuando este ilícito es cometido por funcionarios públicos o miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones o al interior de recintos institucionales, las penas se agravan y conllevan sanciones accesorias de suspensión o inhabilitación para cargos públicos, operando de manera paralela a los sumarios administrativos internos que instruye la autoridad naval.
(Fuente: Biobío)


