El abogado y exdirector de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, Christian Órdenes, interpuso una demanda de tutela laboral contra la casa consistorial acusando acoso, aislamiento y vulneración de derechos tras el cambio de administración. El profesional denunció que, pese a obtener el primer lugar en el concurso público para el cargo, la alcaldesa designó al segundo postulante y lo relegó al Departamento Hídrico, unidad que —según afirma— carece de presupuesto y funciones efectivas.
La acción judicial presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo porteño relata que Órdenes encabezó durante cerca de cinco años la Dirección de Operaciones, coordinando a un millar de trabajadores municipales. Sin embargo, con el arribo de la actual gestión edilicia liderada por Camila Nieto, habría sido excluido de las reuniones estratégicas y sometido a lo que calificó como un “exilio” interno para debilitar su estabilidad funcionaria.
El eje de la controversia radica en el concurso público convocado para proveer la jefatura de Operaciones, certamen en el que el demandante asegura haber alcanzado el puntaje más alto con 96,50 puntos, siendo desestimado en favor del segundo candidato, Patricio Cáceres León (93,75 puntos). Posteriormente, Órdenes fue destinado al Departamento Hídrico de la Dirección de Medio Ambiente, repartición que su defensa, encabezada por el abogado Felipe Olea, describió como inoperante y sin dotación, anunciando también presentaciones ante la Contraloría General de la República por desviación de poder.
La denuncia generó eco en el Concejo Municipal, donde el edil Leonardo Contreras criticó el actuar administrativo calificándolo de discriminatorio y sectario. Desde el municipio porteño declinaron referirse al fondo de la acusación, indicando que aún no han sido notificados formalmente de la demanda.
En el derecho laboral y administrativo chileno, la acción de tutela laboral es un procedimiento judicial especial diseñado para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores —como la integridad psíquica, la no discriminación y la honra— cuando estos resultan vulnerados por actos del empleador en el ejercicio de sus facultades. Aunque los alcaldes poseen la atribución legal para elegir a sus cargos de exclusiva confianza o seleccionar dentro de una terna concursal, el vaciamiento de funciones (enviar a un funcionario a una dependencia sin tareas reales ni herramientas acordes a su grado) es considerado por la jurisprudencia como una forma de acoso laboral y desviación de poder que obliga a los tribunales a ordenar el restablecimiento de las condiciones contractuales del afectado.
(Fuente: Biobío)


