Jueves, Noviembre 19, 2026
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Escándalo en el Senado: Fiscalía abre investigación de oficio por presunta falsificación de firma

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación penal de oficio para esclarecer la eventual falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes en un trámite administrativo del Senado, maniobra que buscaba retirar su permiso constitucional y pudo alterar el quórum de una votación sobre endeudamiento. El procedimiento —que también involucró el retiro no consentido del permiso del senador Fidel Espinoza y fue gestionado por el senador Juan Luis Castro— desató una crisis interna en la Cámara Alta luego de que la parlamentaria afectada desmintiera desde Asia haber autorizado el documento.

La controversia estalló tras detectarse irregularidades en la tramitación de permisos parlamentarios destinados a justificar ausencias en sala, documentos cuya vigencia incide directamente en el cálculo de los quórums requeridos para aprobar o rechazar proyectos de ley. En este caso, las sospechas apuntan a que el retiro de los permisos buscaba modificar el umbral de votación para hacer caer una autorización de endeudamiento en discusión.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se indagan dos hipótesis sobre la confección del escrito: el uso indebido de la firma electrónica de la senadora Órdenes o el copiado digital de su rúbrica desde otro archivo. Desde su gira oficial por Asia junto al presidente José Antonio Kast, la legisladora del PPD envió una carta formal al secretario del Senado negando tajantemente haber solicitado el retiro de su permiso o facultado a terceros para representarla, postura que fue respaldada por el senador socialista Fidel Espinoza, quien también desconoció la gestión tramitada por el jefe de comité Juan Luis Castro.

Frente a la gravedad de los hechos, el senador Rodolfo Carter exigió remitir los antecedentes al Ministerio Público, mientras que la presidenta de la Corporación, Paulina Núñez, admitió que el consentimiento expreso de los involucrados era un requisito indispensable. Pese a que los permisos fueron restituidos durante la mañana del miércoles, la Fiscalía Regional asumió la indagatoria para determinar eventuales responsabilidades penales.

En el funcionamiento legislativo del Congreso Nacional, los permisos constitucionales de los parlamentarios cumplen un doble efecto jurídico: por una parte, autorizan legítimamente la ausencia de un legislador del país o de la sala; por otra, rebajan el número total de integrantes en ejercicio para efectos de calcular los quórums especiales de votación establecidos en la Constitución. En el plano penal, insertar o utilizar la firma manuscrita o electrónica de una autoridad pública sin su autorización en una actuación oficial configura el delito de falsificación de instrumento público (artículo 193 del Código Penal), ilícito que conlleva penas de presidio mayor o menor según el grado de participación y el perjuicio institucional ocasionado.

(Fuente: Biobío)

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