El jefe de gabinete de la Municipalidad de Quilpué, Alexis Tadres, presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis desatada por el rechazo del Concejo Municipal a una modificación presupuestaria de $460 millones, recursos destinados a cubrir las remuneraciones de 406 trabajadores a honorarios. La autoridad argumentó que da un paso al costado para destrabar el debate político y evitar que los funcionarios sean rehenes de la controversia, mientras el caso fue elevado a la Contraloría por denuncias de presuntas anomalías en la gestión de la alcaldesa Carolina Corti.
La controversia estalló tras la votación del Concejo Municipal, donde por seis votos contra tres se rechazó la propuesta de la administración municipal que contemplaba redirigir fondos desde obras civiles, consultorías y proyectos urbanos hacia el pago de sueldos del personal a honorarios. La decisión dejó en la incertidumbre contractual a más de cuatrocientos funcionarios y motivó a varios ediles a recurrir a la Contraloría General de la República para auditar la legalidad de la ejecución financiera.
Frente a la presión política y los cuestionamientos directos en su contra, Tadres comunicó su salida a la comunidad funcionaria afirmando que busca favorecer los acuerdos necesarios para garantizar los salarios adeudados. En su mensaje de despedida, el personero agradeció el respaldo de la alcaldesa Carolina Corti, quien admitió eventuales responsabilidades de índole administrativa pero defendió que los contratos respondían a las crecientes demandas operativas de la comuna.
El excolaborador remarcó que las discrepancias entre el bloque opositor y la administración no deben traducirse en un costo laboral para los funcionarios de terreno, instando al cuerpo colegiado a buscar un mecanismo urgente que garantice el flujo presupuestario pendiente.
Claves para entender la crisis presupuestaria municipal: En el régimen comunal chileno regido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695), la contratación de personal bajo la modalidad a honorarios solo procede para labores accidentales o que no sean habituales de la institución. Asimismo, toda modificación o traspaso de dineros entre partidas del presupuesto comunal requiere obligatoriamente el acuerdo aprobatorio de la mayoría del Concejo Municipal. Si un municipio adquiere compromisos laborales sin contar de antemano con la disponibilidad de fondos debidamente autorizada, se genera un déficit de arrastre que puede derivar en faltas graves a la probidad administrativa y en eventuales responsabilidades de notable abandono de deberes para la autoridad edilicia ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
(Fuente: Biobío)