Las diligencias se reanudaron tras la pausa provocada por los recientes sistemas frontales en la zona costera. El Gobierno regional proyecta la construcción de 6.000 soluciones habitacionales definitivas en terrenos fiscales y expropiados.
La reanudación del procedimiento tras la contingencia climática
El cumplimiento de los mandatos judiciales para la restitución de terrenos privados ocupados de forma irregular exige coordinaciones de alta complejidad operativa, ponderando tanto el imperio de la ley como las variables humanitarias. Tras el cese de las intensas lluvias que afectaron a la provincia de San Antonio, las autoridades regionales y la fuerza pública retomaron el plan de desalojo programado en la megatoma del cerro Centinela. El operativo, enfocado en esta etapa en los sectores de los polígonos 1A y 2E, se ha caracterizado por un despliegue pacífico, favorecido por el retiro voluntario de gran parte de las familias durante los días de pausa meteorológica.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que más de 250 personas ya han sido desocupadas de los cuadrantes trazados, quedando un grupo reducido en el polígono intervenido. La autoridad destacó la conducta colaborativa de los pobladores, quienes comprendieron el carácter impostergable de la orden emanada de los tribunales de justicia, permitiendo que el procedimiento avance en orden y respetando el Estado de derecho.
Estrategia de suelo público y brecha habitacional
Más allá del desalojo de los terrenos de propiedad privada, el proceso ha visibilizado la profunda necesidad de vivienda en la provincia. Millones detalló que la demanda habitacional en la provincia de San Antonio alcanza las 12.000 viviendas, frente a lo cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha comenzado a articular un plan de desarrollo urbano en los predios fiscales contiguos y en terrenos adquiridos por el Fisco.
Esta estrategia de densificación y desarrollo de proyectos con estándares comunitarios permitirá dar respuesta formal a cerca de 6.000 familias a través de los canales de subsidio estatal regular. Sin embargo, el delegado enfatizó que la postulación debe realizarse respetando los ordenamientos formales del sistema, enfatizando que las ocupaciones irregulares no constituirán una vía de alteración de los comités que llevan años esperando una solución habitacional definitiva.
¿En qué consiste el concepto de “banco de suelos fiscales” en las políticas de vivienda pública?
En el ámbito del urbanismo y la gestión pública, el banco de suelos fiscales es un fondo o inventario estratégico de terrenos de propiedad del Estado —administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales o adquiridos mediante expropiación por el Minvu— destinados de forma exclusiva a la edificación de conjuntos de vivienda de interés social e infraestructura comunitaria. Este mecanismo permite al Estado planificar barrios con acceso a agua potable, alcantarillado, redes eléctricas y transporte público antes de la llegada de los habitantes, evitando la proliferación de asentamientos informales carentes de servicios básicos y expuestos a riesgos geológicos.
(Fuente: Biobío)