El titular de Vivienda respondió con dureza tras confirmarse una querella en su contra presentada por los desarrolladores del fallido proyecto de reconstrucción de Viña del Mar. Poduje ratificó que un informe técnico de la Universidad de Chile acreditó de forma científica que las casas levantadas violaron peligrosamente las normas de resistencia estructural y antisísmica.
Guerra de querellas en los tribunales de la ciudad jardín
La titánica tarea de reconstrucción habitacional tras el megaincendio de febrero de 2024 se transformó definitivamente en una descarnada trinchera judicializada. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, no guardó compostura política y catalogó abiertamente de “sinvergüenzas” a los altos ejecutivos de la constructora San Sebastián. El duro contraataque verbal de la autoridad de Gobierno ocurrió inmediatamente después de que la entidad patrocinante Social Arquitectura —aliada comercial de la constructora— ingresara una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar en contra del propio secretario de Estado. La acción legal privada acusa al ministro, al seremi regional Marcelo Ruiz y al director subrogante del Serviu de abuso de poder, falsificación de documentos públicos y fraude al fisco debido a las categóricas órdenes de demolición emanadas desde La Moneda.
Social Arquitectura acusa ante los tribunales que el ministro los excluyó de manera completamente arbitraria y sin fundamentos legales de los millonarios contratos diseñados para levantar las viviendas de 356 familias damnificadas. Sin embargo, Poduje desmintió de plano que existieran presiones indebidas por parte de sus equipos hacia los inspectores técnicos de la obra. El jefe del Minvu aclaró que la paralización de las faenas fue una obligación legal respaldada por auditorías científicas irrefutables del IDIEM de la Universidad de Chile y de los ingenieros del DICTUC de la Universidad Católica. Dichos informes acreditaron que la firma alteró de forma clandestina los proyectos presentados, utilizando materiales sin certificación que vulneraban los cálculos de resistencia estructural y ponían en riesgo de colapso a las estructuras.
Sin parches frente al fuego
Para el ministro del área urbana, la estrategia jurídica de los privados es una burda maniobra destinada a forzar al Estado a validar viviendas con fallas constructivas. “Esta empresa pretende que las casas falladas que nos entregaron las arreglemos, las reforcemos y cambiemos los materiales para que recién ahí resistan el fuego”, fustigó Poduje, asegurando que bajo ninguna circunstancia su cartera inyectará fondos públicos para parchar o maquillar soluciones habitacionales deficientes.
La autoridad de Gobierno confirmó que los inspectores fiscales que omitieron las fiscalizaciones debidas en las faenas de El Olivar ya se encuentran bajo rigurosos sumarios administrativos internos. Asimismo, Poduje fue enfático al ratificar que el Minvu perseverará con sus propias querellas por cuatro delitos distintos en contra de los privados, buscando no solo que la justicia aplique sanciones penales, sino también forzar la restitución completa de las millonarias sumas fiscales que fueron entregadas para la ejecución de las obras defectuosas. “A las familias les vamos a entregar casas sólidas”, cerró el titular, prometiendo un estándar de hierro para la reconstrucción de la zona de catástrofe.
¿Qué rol cumplen el IDIEM y el DICTUC en las auditorías de obras del Estado?
El Centro de Investigación, Investigación y Ensayes de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (DICTUC) de la Universidad Católica son los organismos técnicos y laboratorios científicos de mayor prestigio en el ámbito de la ingeniería civil en el país. Ante litigios de alta escala o sospechas de fraudes constructivos, el Estado y los tribunales recurren a estas entidades universitarias independientes para que ejecuten peritajes de resistencia de materiales, pruebas de carga mecánica y análisis de resistencia al fuego de hormigones y aceros. Sus informes técnicos poseen el carácter de peritajes expertos capaces de validar o derribar legalmente la habitabilidad de un mega proyecto de viviendas.
(Fuente: Biobío)
