Un dictamen clave del Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores (RN), permitiéndole acceder a piezas de una causa penal que se mantiene bajo estricta reserva. La Fiscalía persigue los presuntos retornos de dinero en efectivo que la actual parlamentaria le habría exigido a su propio equipo de asesores durante su periodo legislativo previo.
Un cerco al secreto de sumario
La trama judicial que salpica el entorno de una de las figuras más visibles de Renovación Nacional en la región sumó una victoria táctica fundamental en los tribunales porteños. El abogado defensor Luis Masferrer concurrió hasta el Juzgado de Garantía para solicitar formalmente que se limitara el secreto absoluto que pesaba sobre la carpeta de investigación del denominado caso “Cuota Flores”, obteniendo una resolución favorable por parte del tribunal de primera instancia. Esta decisión judicial le permitirá al equipo legal de la actual senadora conocer en profundidad los detalles y las pruebas recabadas en los masivos operativos que ejecutó en mayo el personal del OS9 de Carabineros.
La causa, que hasta el momento se tramita de forma reservada y bajo un carácter de desformalizada, apunta al presunto delito de fraude al fisco. El foco de las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione está puesto en dilucidar si la entonces diputada exigió de forma sistemática y obligatoria a los trabajadores contratados con cargo a las asignaciones del Congreso Nacional que le entregaran en efectivo una tajante porción de sus sueldos mensuales para beneficio personal o político. Tras abandonar las salas de audiencia, Masferrer reiteró con total firmeza la absoluta inocencia de su representada, asegurando de forma escueta que el proceso legal avanza por buen camino.
El fantasma de la formalización y el blindaje del fuero
Al ser abordado por la prensa local respecto a las eventuales implicancias y la presunta participación del core Percy Marín en las dinámicas de recaudación de los sueldos del equipo parlamentario, el defensor Masferrer prefirió guardar distancia legal e indicó que es una interrogante que compete responder estrictamente al Ministerio Público.
Para los analistas y abogados penalistas externos al caso, el fallo dictado este viernes abre una ventana de tiempo extensa en el ajedrez judicial de Valparaíso. Los expertos explican que, debido a la alta complejidad técnica de rastrear los supuestos flujos de dinero en efectivo, la causa penal perfectamente podría continuar desarrollándose bajo el carácter de desformalizada por el lapso de un año entero. Asimismo, el camino para sentar a la senadora Flores en el banquillo de los acusados posee un muro legal ineludible: si las fiscales deciden finalmente que cuentan con la evidencia suficiente para formalizar la investigación en su contra, previamente deberán elevar una solicitud formal de desafuero ante la Corte de Apelaciones respectiva, un complejo trámite constitucional que promete encender los debates del Congreso.
¿En qué consiste penalmente el delito de fraude al fisco y cómo opera el desafuero parlamentario?
El fraude al fisco es un delito económico contemplado en el Código Penal chileno que sanciona al funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en operaciones, contrataciones o liquidaciones del Estado, defrauda o consiente que se defraude al patrimonio público. Por otra parte, el desafuero es una prerrogativa constitucional de inmunidad procesal que protege a diputados y senadores. Consiste en que ningún parlamentario puede ser formalizado ni sometido a proceso penal por un tribunal ordinario a menos que la Corte de Apelaciones respectiva examine previamente los antecedentes de la Fiscalía y dicte una sentencia de desafuero, suspendiendo temporalmente al legislador de sus funciones legislativas para que enfrente a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano.
(Fuente: Biobío)