La diligencia policial responde a una querella contra el alcalde Edgardo González y una exdirectora de Finanzas por contratos otorgados a empresas vinculadas a funcionarios. El caso indaga presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y negociación incompatible en licitaciones y tratos directos.
Incautación de antecedentes en dependencias municipales
Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron durante la jornada de este viernes en las oficinas centrales de la Municipalidad de Llay Llay, en la provincia de San Felipe, para ejecutar una orden judicial de entrada, registro e incautación en el marco de una causa penal por corrupción pública[cite: 68]. Los detectives levantaron documentación financiera, contratos, decretos alcaldicios y respaldos digitales desde diversas unidades técnicas de la casa consistorial[cite: 68].
El procedimiento judicial se origina a raíz de una querella interpuesta por la concejala Solange Pizarro, acción que apunta a responsabilidades penales del alcalde Edgardo González y de la exdirectora del Departamento de Finanzas, Jasna Elkins —quien fue destituida previamente de sus funciones—[cite: 68]. La acción legal acusa la adjudicación reiterada y sistemática de licitaciones públicas y millonarios tratos directos en favor de la sociedad Servicios y Construcciones IBAMAT Ltda., la cual operaba en alianza o unión temporal de proveedores con la empresa Ingeniería y Desarrollos Constructivos Ltda.[cite: 68]
Red de contratos y delitos imputados
De acuerdo con los antecedentes ventilados en la indagatoria, ambas constructoras mantendrían vínculos directos de parentesco con funcionarios municipales activos[cite: 68]. La querella sostiene que el entramado configuraría hasta siete figuras penales distintas: fraude al Fisco, cohecho, soborno, negociación incompatible, falsedad en declaración jurada, uso de información privilegiada o revelación de secreto, y tráfico de influencias[cite: 68].
Durante el despliegue policial surgieron trascendidos sobre una supuesta detención del alcalde Edgardo González, situación que fue desmentida formalmente por las autoridades policiales a las pocas horas[cite: 68]. El Ministerio Público mantiene el análisis de los archivos incautados por los peritos económicos para determinar si los precios pagados en las obras coinciden con los valores de mercado y fijar eventuales formalizaciones de cargos en el Juzgado de Garantía[cite: 68].
¿En qué consiste el delito de “negociación incompatible” en las compras y contrataciones públicas en Chile?
En el Código Penal chileno (artículo 240), la negociación incompatible es un delito contra la probidad administrativa que sanciona al empleado público que directa o indirectamente toma un interés pecuniario, para sí o para terceros relacionados (como cónyuges, convivientes civiles o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado), en cualquier contrato, licitación, operación o asunto en el cual deba intervenir en razón de su cargo. No se requiere necesariamente que el Fisco sufra un perjuicio económico tangible: la sola infracción del deber de imparcialidad al adjudicar fondos o tratos directos a empresas vinculadas familiarmente vulnera el bien jurídico protegido de la probidad y es sancionada con penas de inhabilitación absoluta para cargos públicos y presidio.
(Fuente: Biobío)