Durante su primera cuenta pública, el titular de la cartera, Iván Poduje, cuestionó severamente los perfiles de constructoras a cargo de las viviendas tras el megaincendio de 2024. Paralelamente, la justicia civil confirmó la designación de un perito para evaluar los inmuebles con fallas estructurales.
Un reclamo ético en la fiscalización de proyectos habitacionales
El estándar de calidad y la celeridad en la entrega de soluciones habitacionales definitivas para las familias damnificadas por catástrofes naturales han vuelto a situarse en el primer plano de la discusión pública. En el marco de su primera cuenta pública institucional al mando del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), desarrollada en la comuna de Penco, el ministro Iván Poduje formuló duras críticas hacia la gestión de las empresas privadas encargadas de la edificación de inmuebles en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras las graves deficiencias detectadas en los inmuebles levantados tras el megaincendio de febrero de 2024.
En su exposición sobre el eje de fiscalizaciones, el secretario de Estado tildó de “vergüenza” los perfiles técnicos de algunas de las firmas involucradas en la zona alta de la Ciudad Jardín, empleando un tono directo para enfatizar que las estructuras defectuosas están siendo desarmadas para dar paso a contratistas que cumplan con la rigurosidad requerida. Como medida preventiva de carácter permanente, Poduje anunció que el Minvu creará un ranking público de empresas constructoras para restringir la adjudicación de futuros contratos estatales a aquellas entidades que presenten historiales de fallas o incumplimientos en faenas de interés social.
Vía judicial y la suspensión de demoliciones
Las declaraciones de la autoridad central coincidieron con relevantes avances en el frente judicial que enfrenta al Estado con las firmas privadas en la Región de Valparaíso. El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso ratificó la designación del constructor civil Jaime Berríos Pozas como perito oficial encargado de realizar los exámenes técnicos de ingeniería en las viviendas erigidas por la constructora San Sebastián en el sector de El Olivar.
La resolución judicial se adoptó tras rechazar un recurso de aclaración presentado por el propio Ministerio de Vivienda, entidad que buscaba dejar sin efecto la del perito argumentando falta de competencias específicas o solicitando la incorporación de un especialista estructural adicional. Tras jurar ante el tribunal, Berríos Pozas dispondrá de un plazo de 30 días para elaborar un informe acabado que determine el estado de las fundaciones y cimientos, proceso legal que ha mantenido congeladas las órdenes de demolición de los inmuebles mientras se reúnen los medios de prueba para eventuales demandas de responsabilidad civil.
¿Qué función cumple un “peritaje judicial de ingeniería” en disputas de construcción habitacional?
En el derecho procesal civil y la ingeniería de la edificación, un peritaje judicial es una prueba pericial encomendada por un tribunal a un profesional experto e independiente para evaluar técnicamente las patologías constructivas de una obra. El perito examina la resistencia de materiales, la conformidad de los cimientos con la mecánica de suelos, el cumplimiento de la norma chilena de diseño sísmico y la fidelidad respecto de los planos aprobados. Su informe final actúa como un insumo científico determinante para que el juez determine si las fallas derivan de un vicio de construcción, errores en el cálculo o negligencia del contratista, fijando las indemnizaciones o reparaciones legales correspondientes.
(Fuente: Biobío)