El nombramiento de un trabajador social como el nuevo Coordinador Territorial para la Gestión Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví desató una inmediata ola de críticas transversales. Mientras el Ejecutivo defiende su perfil comunitario para destrabar el conflicto en las zonas de sacrificio , agrupaciones locales e ingenieros acusan que la Moneda “no está leyendo el problema” al priorizar la política por sobre las urgentes soluciones científicas y sanitarias.
¿Qué es una zona de sacrificio y cómo se mide técnicamente el impacto socioambiental?
La designación oficial de Mauricio Pérez como la carta del Gobierno para liderar la oficina territorial de la bahía no trajo la paz esperada a una de las zonas con mayor complejidad socioambiental de Chile. Pérez, de profesión trabajador social y con un pasado político como consejero regional, fue instalado por la administración del presidente José Antonio Kast con una misión específica: articular mesas de trabajo estables entre los municipios, los gremios industriales, los servicios públicos y las golpeadas comunidades de base. El objetivo central del palacio de La Moneda, defendido en terreno por el delegado presidencial regional Manuel Millones, apunta a recuperar las severamente dañadas confianzas vecinales y optimizar la fiscalización estatal en el cordón industrial.
Sin embargo, el anuncio fue recibido como un balde de agua fría en las comunas afectadas, donde se esperaba un giro radicalmente técnico para enfrentar décadas de intoxicaciones. Las voces de alerta se levantaron con fuerza desde el propio Concejo Municipal de Quintero, donde el concejal Mario González advirtió que la crisis sanitaria de la bahía requiere especialistas en terreno y no gestores de opinión. “Acá lo que necesitamos son ingenieros medioambientales, doctores que tengan que ver con los problemas de la salud que se está viviendo”, fustigó González, marcando la distancia con el perfil del nuevo coordinador.
La molestia escaló de inmediato a los organismos de representación ciudadana como el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS). El consejero Nielz Cortés acusó una profunda ceguera gubernamental frente al corazón de la tragedia de las zonas de sacrificio, argumentando que el verdadero desafío radica en medir y controlar los parámetros químicos de las emisiones industriales y la pésima calidad del aire. Para Cortés, la plaza exigía de forma ineludible a un ingeniero químico especializado en la materia. Pese a la resistencia local, Pérez operará de forma permanente y con dedicación exclusiva desde dependencias facilitadas por los propios municipios, asumiendo el titánico desafío de validar su gestión ante vecinos que ya no creen en promesas de papel.
¿Qué es una zona de sacrificio y cómo se mide técnicamente el impacto socioambiental?
En el ámbito de la geografía urbana y la ecología política, una zona de sacrificio es un territorio geográfico que ha sido expuesto de manera desproporcionada a la degradación ambiental y la contaminación severa debido a la alta concentración de industrias pesadas, fundiciones, termoeléctricas o refinerías. Para enfrentar técnicamente estas crisis, el Estado chileno utiliza los Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA). Estos instrumentos científicos se basan en estaciones de monitoreo continuo que miden las concentraciones de contaminantes atmosféricos críticos —como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el material particulado (MP2,5)— con el fin de dictar alertas sanitarias y obligar a las termoeléctricas y empresas a reducir de inmediato sus faenas cuando se superan los límites tolerables para la vida humana.
(Fuente: Biobío)