Un revuelo de proporciones institucionales provocó la puesta en marcha de una polémica resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que obliga a las plataformas extranjeras de apuestas en línea a pagar IVA en el país. Legisladores de la Región de Valparaíso salieron en bloque a rechazar la medida, acusando que la carga impositiva termina “validando por secretaría” un millonario negocio clandestino que hoy expone a niños y adolescentes.
Impuestos para un negocio fuera de la ley
La resolución exenta dictada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) entró en vigencia con un objetivo estrictamente recaudatorio: forzar a los gigantes internacionales del juego virtual a declarar y pagar el Impuesto al Valor Anuevado (IVA) por cada transacción ejecutada por usuarios residentes en Chile. Si bien el organismo fiscalizador blindó la medida argumentando que su mandato se limita a aplicar las leyes tributarias vigentes sin calificar la naturaleza de la actividad, la jugada administrativa abrió una gigantesca caja de Pandora en los pasillos del Congreso Nacional.
El repudio de las bancadas políticas de la Región de Valparaíso fue inmediato y transversal, activando una serie de urgentes contramedidas judiciales y fiscalizadoras. El senador Diego Ibáñez y el diputado Luis Cuello lideraron la ofensiva al anunciar que recurrirán formalmente ante la Contraloría General de la República para revisar la legalidad del decreto de Impuestos Internos. Además, Cuello confirmó que oficiará a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para exigir un informe detallado sobre los bloqueos informáticos a estas páginas , mientras que el diputado Hotuiti Teao anunció que forzará una citación de emergencia en la Comisión de Economía de la Cámara para que el director del SII explique ante los parlamentarios cómo una actividad que ha sido calificada de ilícita por los tribunales termina obteniendo una patente de legitimidad tributaria.
La preocupación de fondo en el debate parlamentario apunta al profundo costo social y psicológico detrás de las pantallas. El diputado Andrés Celis se sumó a las críticas advirtiendo con severidad que la discusión fiscal del Estado es un sinsentido moral cuando existen miles de niños, niñas y adolescentes expuestos diariamente al flagelo de la ludopatía digital a través de aplicaciones móviles sin restricciones. Celis fue categórico al señalar que Chile no puede transformarse en un oasis de impunidad para corporaciones extranjeras que amasan fortunas a costa del endeudamiento y la destrucción de las familias chilenas. Mientras el SII inicia la recaudación millonaria, la batalla por la ley definitiva de los casinos virtuales promete transformarse en el gran choque político del periodo legislativo.
¿Por qué existe una contradicción jurídica entre la legalidad de los casinos y su obligación tributaria?
En el ordenamiento jurídico de Chile, las plataformas de juegos de azar y apuestas en línea que operan desde servidores en el extranjero se encuentran en una zona de ilegalidad doctrinaria, ya que la Constitución y el Código Penal establecen que los juegos de azar son ilícitos a menos que estén expresamente autorizados por una ley de la república (como la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción o los casinos físicos autorizados por la Superintendencia). Sin embargo, en el derecho tributario rige el principio técnico de “pecunia non olet” (el dinero no huele), el cual determina que la obligación de pagar impuestos nace del hecho económico real —generar ingresos o prestar un servicio en el territorio— con total independencia de si la actividad de origen es legal, clandestina o carece de patentes comerciales. Por ello, el cobro del IVA por parte del SII no otorga una legalidad comercial ni penal a las casas de apuestas online, abriendo el debate sobre la incoherencia estatal de recaudar fondos de un negocio prohibido.
(Fuente: Biobío)