El informe financiero del período 2021-2024 reveló un masivo desorden en la rendición de cuentas de fondos públicos. Mientras el exalcalde y actual concejal descarta la existencia de delitos, la actual administración de Lily Silva evalúa querellas judiciales.
Un déficit documental que equivale al presupuesto anual educativo
La fiscalización de los recursos destinados a la educación pública municipal abrió un complejo frente judicial y político en la provincia de San Antonio. Los resultados de una auditoría externa desarrollada por la firma Fortunato y Asociados sobre el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Cartagena establecieron que más de $2.500 millones desembolsados entre 2021 y 2024 no cuentan con respaldos documentales que acrediten su correcta ejecución y rendición.
El hallazgo pericial motivó el inmediato pronunciamiento del equipo jurídico de la Municipalidad de Cartagena, actualmente encabezada por la alcaldesa Lily Silva. Desde el municipio confirmaron que los antecedentes contables están siendo analizados minuciosamente para determinar la presentación de acciones judiciales en los tribunales competentes. La concejala Myriam García advirtió sobre la gravedad del monto observado, subrayando que la cifra sin justificar equivale a la totalidad del presupuesto que Cartagena destina a la mantención de sus escuelas en todo un año calendario.
Descargos del exjefe comunal y debate en el Concejo
Frente a las conclusiones del informe, el exalcalde durante el período auditado y actual concejal de la comuna, Rodrigo García (PPD), descartó categóricamente la comisión de delitos patrimoniales. La exautoridad argumentó que el estudio no da cuenta de desfalcos ni de apropiación indebida de caudales, atribuyendo los reparos a problemas de archivo y errores administrativos de rendición que debieron ser subsanados por los equipos contables. Asimismo, García cuestionó el valor de la auditoría privada señalando que su administración ya había dejado fondos para regularizar estos procesos.
Pese a los descargos, diversos integrantes del Concejo Municipal insistieron en que la falta de acreditación en subvenciones escolares constituye una falta grave que afecta la fe pública y las precarias arcas locales. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público podrían intervenir en las próximas semanas para verificar si el desorden documental oculta desvíos de fondos o infracciones formales a la Ley de Subvenciones de la Educación.
¿En qué consiste la “rendición de cuentas” en fondos públicos destinados a la educación municipal?
En la administración del Estado y la fiscalización de la Contraloría, la rendición de cuentas es el procedimiento administrativo y contable obligatorio mediante el cual un ejecutor de fondos públicos debe probar documentadamente (a través de facturas validadas por el SII, comprobantes de pago de remuneraciones, órdenes de compra y actas de recepción conforme) que el dinero fiscal recibido se gastó estrictamente en los fines para los cuales fue asignado por ley (como la Subvención Escolar Preferencial, SEP). La ausencia de respaldos contables válidos impide cerrar los balances financieros y expone a los administradores a reparos civiles por reintegro de fondos o a querellas por malversación de caudales públicos.
(Fuente: Biobío)