El masivo incumplimiento a las leyes de probidad arriesga duras sanciones económicas que, en caso de persistir, podrían costarles el cargo a autoridades de zonas como Quintero, Santo Domingo y Rinconada.
El mapa del incumplimiento municipal
La Contraloría General de la República activó las alarmas del sistema político chileno mediante el envío de categóricos oficios dirigidos a un total de 15 alcaldes a lo largo y ancho del país. El organismo fiscalizador constató que las máximas autoridades de dichos municipios ignoraron por completo la obligación legal de presentar la actualización anual de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, un trámite crítico que busca asegurar la transparencia y prevenir de forma oportuna los conflictos de interés en el manejo de dineros públicos. La ofensiva fiscalizadora se concentró de forma notoria en la Región de Valparaíso, salpicando directamente a las municipalidades de Quintero, Santo Domingo y Rinconada, además de comunas emblemáticas de otras zonas como Arica, San José de Maipo y Lota.
El ente dirigido por el órgano contralor otorgó un plazo perentorio de 10 días hábiles para que los jefes comunales regularicen de inmediato sus carpetas administrativas y remitan los documentos digitales actualizados. Desde las oficinas de la Contraloría advirtieron que las reglas del juego cambiaron y que no habrá más perdonazos: si las autoridades persisten en la omisión una vez vencido el cronograma de emergencia, se iniciarán de forma automática los correspondientes procedimientos sancionatorios amparados en la estricta Ley sobre Probidad en la Función Pública.
Las repercusiones para los alcaldes flojos de papeles parten con multas que van desde las 5 hasta las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), un castigo que golpea de forma directa el bolsillo de los ediles. Pero el verdadero fantasma que inquieta al mundo político radica en el artículo más severo de la legislación: la ley prescribe con total claridad que si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la multa inicial y el alcalde continúa en rebeldía sin transparentar su situación patrimonial, la Contraloría está facultada para activar el mecanismo de destitución definitiva del cargo, cortando de raíz las carreras de las autoridades rebeldes.
¿Qué es la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP)?
La Declaración de Intereses y Patrimonio es un instrumento legal obligatorio que deben rendir de forma periódica todas las altas autoridades y funcionarios del Estado de Chile. En este documento público, el declarante debe detallar de forma transparente la totalidad de sus bienes inmobiliarios, vehículos, acciones comerciales, deudas financieras y participaciones en sociedades o fundaciones privadas. El objetivo central de la DIP es permitir que la ciudadanía y los organismos de control verifiquen que una autoridad no se enriquezca de forma ilícita durante su gestión ni tome decisiones públicas que favorezcan sus propios intereses económicos privados.
(Fuente: Biobío)