El procedimiento comenzará este miércoles 7 de octubre y podría extenderse hasta el viernes en el terreno perteneciente a Esval. Los pobladores iniciaron el desarme voluntario de hasta 70 viviendas tras la redada policial “Sin Cobertura II”, que dejó 51 detenidos y $500 millones en generadores e insumos eléctricos incautados.
Despliegue logístico y retiro de construcciones
Un plan integral de desalojo administrativo y policial comenzará a ejecutarse a contar de este miércoles 7 de octubre en el asentamiento irregular conocido como toma Yevide, emplazado en la comuna de San Felipe. El procedimiento, que contempla una duración proyectada hasta el viernes, se desarrollará sobre terrenos de propiedad de la empresa sanitaria Esval, entidad que coordinó la disposición de entre siete y nueve unidades de maquinaria pesada para el despeje de los deslindes.
El delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, explicó que patrullajes aéreos con drones permitieron constatar que entre 50 y 70 estructuras ya han sido desarmadas de manera voluntaria por sus ocupantes durante los últimos días. La autoridad de gobierno precisó que el despliegue contará con efectivos especializados de diálogo de Carabineros para asegurar un desarrollo pacífico, además de la observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y funcionarios municipales asignados al catastro de familias vulnerables y habilitación de albergues transitorios.
Antecedente policial y resoluciones judiciales
La intervención se produce pocos días después de la ejecución de la operación “Sin Cobertura II” a cargo de la PDI, operativo que allanó 62 inmuebles y concretó la detención de 51 personas vinculadas a bandas dedicadas a la receptación de equipos robados en la capital. En las diligencias se recuperaron 185 baterías industriales, 68 inversores de energía utilizados para abastecer de luz al campamento y tres armas de fuego, insumos avaluados en cerca de $500 millones.
El concejal Ricardo Covarrubias remarcó que el municipio coordinará la ayuda asistencial mediante el Registro Social de Hogares, mientras que su par César Lazo indicó que Carabineros fijará perímetros de seguridad para evitar desórdenes. En el plano legal, la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió a trámite un recurso de amparo interpuesto por los habitantes en reclamo de planes de albergue alternativo, aunque la sala declinó decretar la orden de no innovar, manteniendo a firme el desalojo del predio.
¿En qué consiste el principio de proporcionalidad y el rol de los “Agentes de Diálogo” en desalojos forzosos?
Bajo los estándares de derechos humanos y los protocolos de la Orden General N.º 2.635 de Carabineros de Chile sobre mantenimiento del orden público:
- Fase de negociación preventiva: Los agentes de diálogo son funcionarios policiales capacitados en mediación comunitaria que intervienen antes del empleo de unidades de Control de Orden Público (COP). Su labor es comunicar formalmente los decretos judiciales de desalojo, pactar plazos de retiro voluntario de enseres personales y coordinar la salida de menores de edad, adultos mayores o enfermos.
- Gradualidad del uso de la fuerza: El uso de la fuerza física y maquinaria pesada queda reservado como última ratio, aplicándose únicamente si existen actos de resistencia armada o barricadas activas, garantizando en todo momento la presencia de veedores del INDH y la derivación de familias en situación de calle hacia los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social.
(Fuente: Biobío)