La diligencia fue instruida por la Fiscalía tras una denuncia formal de la Contraloría sobre presuntas contrataciones amparadas en operadores políticos. La querella apunta a José Muñoz Díaz, subdirector de Personas, y al exdirector Haroldo Faúndez Romero, en un hecho calificado como de máxima gravedad por los gremios de la salud.
Incautación tecnológica y origen en informe contralor
Un procedimiento policial de alto impacto institucional sacudió la administración del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP). Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) se apersonaron en las oficinas centrales de la institución para materializar la incautación del computador de una alta jefatura, en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la Fiscalía Local de Viña del Mar en el marco de una investigación penal por el delito consumado de tráfico de influencias.
La investigación penal se inició de oficio por el Ministerio Público a raíz de un informe derivado por la Contraloría General de la República, organismo fiscalizador que detectó anomalías administrativas y presuntos vicios constitutivos de delito en la gestión de concursos públicos y designación de cargos al interior de la red asistencial costera. Posteriormente, el abogado querellante Gustavo Gómez presentó una acción criminal para exigir diligencias intrusivas y rastreo de mensajería, sosteniendo que se ejecutaron maniobras concertadas para incorporar personal a la planta pública priorizando operadores y redes políticas partidarias en lugar del mérito técnico o las competencias profesionales.
Apuntan a jefaturas y pronunciamiento institucional
La querella criminal individualiza como figura central a José Muñoz Díaz, actual subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del SSVQP, apuntando paralelamente a Haroldo Faúndez Romero, quien encabezaba la repartición como director subrogante al momento en que se visaron los cuestionados decretos de ingreso. El accionar fue respaldado por la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus), mientras que Fabián Clarke, dirigente gremial asistencial, advirtió que la causa podría destapar uno de los episodios de corrupción funcionaria más graves en el sector público regional.
A través de un pronunciamiento corporativo, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca confirmó el allanamiento y la retención del equipo informático por parte de la policía civil, asegurando que el procedimiento se llevó a cabo con absoluta normalidad y reiterando su entera disposición a poner todas las bases de datos a disposición de la Fiscalía.
¿En qué consiste el delito de “Tráfico de Influencias” cometido por funcionarios públicos bajo el artículo 240 bis del Código Penal?
En la legislación anticorrupción y probidad pública:
- Conducta tipificada (artículo 240 bis): Sanciona con penas de presidio, inhabilitación perpetua para cargos públicos y multas accesorias al empleado público que, prevaliéndose de su cargo, investidura, jerarquía o de su relación personal o política con otro funcionario, ejerza influencia indebida sobre este para obtener una resolución, nombramiento o beneficio indebido que genere una ventaja patrimonial o laboral para sí o para un tercero.
- Peritaje informático forense (Mirroring de discos duros): Al incautar un computador público, los peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI realizan una copia espejo bit a bit (bit-stream image) de la memoria de almacenamiento bajo cadena de custodia. Esto permite recuperar correos institucionales, mensajes eliminados, planillas de puntajes modificadas manualmente en concursos y registros de transferencias o recomendaciones informales, pruebas documentales que sirven para acreditar el dolo y el acuerdo ilícito previo en la formalización de cargos.
(Fuente: Biobío)