La Asamblea de Socios aprobó el cierre definitivo de la entidad privada sin fines de lucro a contar del 1 de enero de 2027, traspasando más de 2.000 funcionarios directamente al municipio. La alcaldesa Macarena Ripamonti proyecta ahorros por US$3 millones y un blindaje a la probidad tras reducir el déficit histórico comunal.
Cierre de una estructura histórica y traspaso masivo de personal
Un giro estructural en la gestión de los servicios públicos comunales se concretó en Viña del Mar tras la aprobación del cierre de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social. La determinación de la Asamblea de Socios pone fin a un modelo administrativo que rigió durante 45 años en la Ciudad Jardín y establece que, a contar del 1 de enero de 2027, la Municipalidad asumirá de forma directa la operación de la red de atención primaria de salud y del Cementerio Santa Inés.
La jefa comunal, Macarena Ripamonti, fundamentó la medida en la necesidad de terminar con la opacidad que permitía el régimen de corporación de derecho privado, asegurando que la integración a la planta y estructura municipal permitirá robustecer los mecanismos de control, probidad y transparencia pública. El traspaso incorporará a más de 2.000 trabajadores dependientes, garantizándose la continuidad de más de 30 recintos asistenciales —entre ellos 10 Cesfam, 4 Cecof y postas de salud—, además de anexar las faenas del camposanto a unidades directas como Operaciones y Servicios del municipio. La moción contó con el respaldo general de los socios, registrando únicamente la abstención gremial del Colegio Médico por requerir consultas previas con sus bases.
Sucesión legal, pasivos y saneamiento presupuestario
El proceso contempla que el municipio viñamarino asuma como sucesor legal de todos los contratos vigentes, pasivos financieros, deudas previsionales y causas judiciales que arrastra la corporación. La administración proyecta generar economías de escala mediante la centralización de servicios y licitaciones unificadas —como las de guardias y mantenimiento—, calculando un ahorro operativo cercano a los US$3 millones anuales, recursos que serán redirigidos a la provisión continua de medicamentos e insumos médicos.
La disolución de la entidad llega tras un ciclo de ajustes financieros. Según datos del municipio, el déficit estructural se redujo desde más de $21 mil millones en 2021 a cerca de $1.500 millones a comienzos de 2026, apoyado en operaciones como el leaseback de $17.518 millones visado en 2024 para subsanar lagunas previsionales históricas. Durante el resto de 2026, los equipos jurídicos y contables afinarán el presupuesto de transición para impedir quiebres de stock en la red de farmacias comunales.
¿En qué se diferencia una “Corporación Municipal” de la administración municipal directa en Chile?
En el marco del D.F.L. N.º 1-3.063 de 1980, las Corporaciones Municipales fueron creadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro para administrar la educación y la salud comunal descentralizada. Aunque reciben fondos fiscales (subvenciones per cápita del Minsal), se regían bajo el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales (Ley N.º 18.883), contando históricamente con menor control ex ante de la Contraloría. El traspaso a la administración directa convierte los servicios en direcciones municipales centralizadas, sometiendo todas sus compras a la Ley de Compras Públicas, sus finanzas al Sistema de Información y Control del Sector Público (SICyFE) y a sus autoridades a la estricta fiscalización del ente contralor.
(Fuente: Biobío)