Julio Lillo declaró ante el Ministerio Público que observó al presidente de los Notarios y Conservadores pasar documentos fuera del domicilio de la parlamentaria. Carlos Swett negó de manera categórica aportes monetarios en efectivo, asegurando que se trataba de declaraciones vecinales juradas para la campaña.
La declaración de un exfuncionario del Congreso
Una arista de alta connotación pública se abrió en la investigación por presunto fraude al Fisco que sustancia la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la senadora por la zona, Camila Flores. De acuerdo con las declaraciones prestadas ante los fiscales por su exasesor Julio Lillo, el timonel de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Carlos Swett, habría sostenido un encuentro reservado con la entonces diputada a las afueras de su edificio residencial durante el segundo semestre de 2025, entregándole un sobre de color café.
Lillo expuso en los interrogatorios de abril y junio que presenció la cita vehicular y que posteriormente comentó el hecho a Percy Marín, exesposo de la parlamentaria. Según la versión del excolaborador, en dicha conversación se asoció la entrega a gestiones de cabildeo o lobby vinculadas a la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral, aprobada en julio de 2025. En su testimonio, Lillo afirmó que durante el período de campaña electoral los pagos a brigadistas y medios locales se realizaban en efectivo, deduciendo que el contenido del paquete correspondía a dinero. La parlamentaria participó de forma activa en dicha tramitación legal como integrante de la Comisión de Constitución y de la Comisión Mixta, defendiendo la mantención de categorías de antigüedad y expresando reparos al límite de edad de 75 años para el cese del cargo.
Desmentido categórico y alzamiento de secreto bancario
Frente a la imputación, Carlos Swett compareció a declarar en calidad de imputado ante el Ministerio Público junto a su abogado particular, Juan Carlos Manríquez. Si bien confirmó haberse reunido brevemente con Flores en las afueras de su domicilio para abordar aspectos de la campaña política, descartó tajantemente la entrega de dinero en efectivo. El Conservador de Bienes Raíces de Concón aseguró que el sobre contenía exclusivamente declaraciones juradas de dirigentes vecinales y autorizó voluntariamente el levantamiento de su secreto bancario para desvirtuar las sospechas de transferencias.
Por su parte, el abogado defensor de la senadora, Samuel Donoso, calificó las afirmaciones del exasesor como una falsedad absoluta. El jurista enfatizó que Lillo declara en calidad de imputado y ostenta el doble rol de querellante interesado en la causa, situación por la cual no presta juramento de decir verdad. La defensa solicitó pesquisas específicas para desestimar la hipótesis de pagos ilícitos en la tramitación del proyecto normativo.
¿Cuáles son las obligaciones del “Registro de Gestiones de Lobby” respecto a la tramitación de leyes en comisiones mixtas?
La Ley N.º 20.730 define el lobby como toda gestión remunerada o no que tenga por finalidad influir en las decisiones de autoridades públicas, incluyendo la redacción, discusión, modificación o votación de proyectos de ley en el Congreso Nacional. Los diputados y senadores que integran comisiones permanentes o comisiones mixtas tienen la obligación funcionaria de registrar de manera pública en la plataforma institucional cada reunión sostenida con asociaciones gremiales o lobistas. La omisión de estos encuentros en las actas oficiales o la recepción de cualquier remuneración, dádiva o aporte pecuniario paralelo vulnera las normas sobre financiamiento de la política y el principio de probidad administrativa, pudiendo configurar delitos de cohecho pasivo o enriquecimiento injustificado.
(Fuente: Biobío)