Inspirado en drásticas regulaciones de países como Australia y el Reino Unido, el Congreso chileno avanza en un cuerpo legal para frenar la adicción digital juvenil. El debate legislativo subió de tono al incluirse un artículo que prohíbe los algoritmos de recomendación automatizados y castiga a las corporaciones tecnológicas con multas que superan los 300 millones de pesos.
El cerco legal a los gigantes de Silicon Valley
El debate sobre la salud mental infantil y el descontrolado uso de tecnologías de la información entró de lleno a las salas del Parlamento chileno. La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados comenzó la discusión del Boletín 18246-18, una ambiciosa iniciativa legal orientada a prohibir de forma absoluta el ingreso, registro y uso de plataformas de redes sociales a menores de 16 años dentro del territorio nacional. La propuesta chilena no es un hecho aislado en el mapa regulatorio, sino que emula las exitosas barreras informáticas alzadas recientemente en Australia, Malasia, Indonesia y el Reino Unido para blindar a la juventud de los riesgos del entorno virtual.
La normativa obligará a las empresas tecnológicas de mensajería, transmisión en vivo, videojuegos en línea y pornografía a implementar rigurosos sistemas de verificación de edad reales, impidiendo la evasión de filtros por parte de los niños. Asimismo, el texto legal establece un veto total para los “métodos de permanencia compulsiva”, forzando a los desarrolladores a desactivar herramientas de adicción psicológica como la reproducción automática de videos (scroll infinito) y el envío programado de notificaciones nocturnas a perfiles de menores. En materia comercial, las plataformas digitales tendrán estrictamente vedada la disposición de cualquier tipo de publicidad dirigida a este segmento, quedando obligadas a emitir advertencias visibles y reiteradas respecto a los peligros del uso adictivo.
Inteligencias bajo sospecha y multas millonarias
El apartado más sabroso e innovador del proyecto de ley apunta directamente al control de los chatbots avanzados y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) generativa. Las alarmas de los diputados se tradujeron en la prohibición explícita de entregar a menores contenidos basados en algoritmos de recomendación que sugieran de cualquier forma que el sistema es una persona real o posee conciencia y sentimientos propios. Esta barrera busca neutralizar la creación de vínculos emocionales simulados con bots que prioricen la validación del usuario por sobre su seguridad o que promuevan conductas extremas de aislamiento familiar, trastornos alimentarios, autolesiones y facilitación de material sexualmente explícito.
Para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de los gigantes corporativos multinacionales, el Congreso diseñó un implacable régimen de sanciones financieras. Las corporaciones que vulneren las restricciones arriesgan multas que van desde las 3.000 hasta las 5.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), montos que se duplicarán automáticamente en caso de reincidencia comercial, facultando además al Estado a ordenar la suspensión definitiva del servicio tecnológico en el país. Por último, el cuerpo legal abre una inédita arista civil al permitir que los padres y tutores legales de los menores afectados interpongan demandas ante los tribunales locales para exigir indemnizaciones por los daños materiales y morales derivados de la adicción digital.
¿Cómo opera el Boletín Legislativo en el proceso de formación de una ley en Chile?
Un boletín legislativo es el número de identificación único e invariable que el Congreso Nacional asigna a cada proyecto de ley desde el momento exacto en que ingresa a la oficina de partes (ya sea a través de un Mensaje Presidencial o una Moción Parlamentaria). Este código numérico permite realizar el seguimiento técnico y cronológico de la iniciativa a lo largo de sus distintas etapas constitucionales, tales como las revisiones temáticas en las comisiones especializadas, las votaciones de los artículos en las salas de la Cámara de Diputados y el Senado (primer y segundo trámite constitucional), y las eventuales modificaciones en comisiones mixtas, hasta su aprobación definitiva y posterior promulgación en el Diario Oficial.
(Fuente: Biobío)