El ministro Iván Poduje confirmó la apertura de rigurosas investigaciones contra entidades patrocinantes tras detectarse graves faltas a la probidad. Las pericias apuntan a una funcionaria que utilizaba sus periodos de descanso para realizar lucrativos negocios privados con las firmas Uno a Uno SpA y Social Arquitectura.
Las alertas de la Contraloría
Las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Valparaíso volvieron a transformarse en el epicentro de un terremoto político y administrativo de proporciones institucionales. El origen de la crisis radica en un pormenorizado informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), el cual detectó graves e históricas irregularidades en el uso de licencias médicas al interior del aparato público chileno. Los cruces informáticos del órgano contralor descubrieron que, a nivel nacional, más de 25 mil funcionarios públicos salieron de las fronteras del país registrando vigencia de reposo médico obligatorio entre los años 2023 y 2024, situándose la región de Valparaíso como una de las zonas con mayores anomalías al registrarse 3.898 casos detectados.
Sin embargo, las esquirlas de la auditoría estatal cobraron una faceta delictual e irregular inmediata en el plano local. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció públicamente que la cartera inició una profunda indagatoria administrativa sobre el funcionamiento de las empresas patrocinantes que administran subsidios habitacionales, tras comprobarse la existencia de una “mano negra” y un evidente conflicto de interés que involucra de forma directa a una analista del Serviu Valparaíso. Poduje transparentó que, además de los parentescos directos detectados, la empleada pública utilizaba de forma descarada sus vacaciones legales autorizadas para actuar como operadora y armar lucrativos negocios privados en favor de las cuestionadas firmas Uno a Uno SpA y Social Arquitectura.
La defensa de los privados
Frente a la gravedad de los anuncios ministeriales, la reacción de los actores corporativos no se hizo esperar en la región. La representante legal de la firma Uno a Uno SpA, Soledad Monsalve, salió al paso de las acusaciones descartando de plano la existencia de actuales o antiguos funcionarios del Serviu dentro de su planilla de sueldos o equipos técnicos, manifestando de forma tajante ser la única dueña de la entidad y que no emitirá más declaraciones de prensa sobre el caso.
Paralelamente, los expertos legales advirtieron que la causa ya traspasó las fronteras de los sumarios internos organizados por el Ministerio de Hacienda. El abogado penalista Ariel Manríquez detalló que si las auditorías de la Seremi de Vivienda logran acreditar un desvío, asignación preferente o uso irregular de los millonarios subsidios de reconstrucción, los antecedentes serán remitidos de urgencia al Ministerio Público para abrir una dura arista penal por los delitos de fraude al fisco, cohecho y negociación incompatible.
¿Qué rol cumple una Entidad Patrocinante dentro de los programas de vivienda del Estado chileno?
Una Entidad Patrocinante es una persona jurídica privada o pública (pueden ser consultoras, constructoras, ONG o los propios municipios) que actúa como intermediaria obligatoria entre las familias vulnerables y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Su función técnica es agrupar a los comités de allegados o damnificados, diseñar los proyectos de arquitectura e ingeniería de los conjuntos habitacionales, ingresar las carpetas ante el Serviu para la postulación a los subsidios estatales y fiscalizar la correcta ejecución de las obras civiles de construcción. Debido a que estas entidades administran indirectamente millonarios fondos públicos asignados por subsidio, se someten estrictamente a las normativas de probidad y transparencia del Estado.
(Fuente: Biobío)
