El ministro Iván Poduje sinceró que los retrasos heredados de la administración anterior impedirán terminar el 100% de las casas. A dos años de la tragedia que azotó a Viña del Mar y Quilpué, los damnificados salieron a la calle a denunciar que siguen atrapados en un laberinto burocrático.
El fantasma de los papeles en Pompeya
La paciencia y el optimismo de miles de familias damnificadas por el trágico megaincendio de 2024 sufrieron un duro y helado balde de agua fría directo desde el nivel central. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregó una sincera y polémica actualización sobre las obras de reconstrucción en las comunas del Gran Valparaíso, reconociendo abiertamente que el Gobierno solo logrará cumplir “parcialmente” con las promesas de entrega de viviendas definitivas. La autoridad le echó la culpa del frenazo a la pesada mochila que heredó de la gestión anterior, apuntando a los líos de papeles con las constructoras y las trabas legales que han dejado a miles de vecinos esperando con los brazos cruzados.
Aunque desde el Minvu sacaron pecho asegurando que ya destrabaron el 80% de los subsidios pendientes y que tienen mesas de trabajo activas con las alcaldesas Ripamonti de Viña y Corti de Quilpué para intervenir zonas críticas como Pompeya, Manuel Bustos y El Olivar, en el territorio la calle dice otra cosa. Los propios dirigentes de los comités de afectados salieron al paso de los anuncios y manifestaron que en los cerros no se ven los cambios. Desde las ONG de sobrevivientes recalcaron que las familias ya no quieren más reuniones, diagnósticos ni promesas de cartón, exigiendo que se elimine de una vez por todas el laberinto burocrático para levantar las más de 4.600 casas destruidas antes de que el invierno siga golpeando los rucos de emergencia.
¿Por qué los procesos de reconstrucción post-catástrofe suelen entramparse en la burocracia estatal en Chile?
En la administración del Estado, levantar un barrio completo destruido por un incendio no es llegar y poner ladrillos; exige un complejo proceso legal que incluye regularizar los títulos de dominio de los terrenos, realizar estudios técnicos de suelo para evitar zonas de riesgo de derrumbes viales y actualizar las redes de agua y alcantarillado. Cuando estos trámites se cruzan con constructoras que quiebran o con la exigencia de múltiples firmas y permisos entre ministerios y municipios, el avance físico de las casas se frena de golpe, entrampando la ayuda fiscal en un laberinto de burocracia que termina postergando la solución real para los damnificados.
(Fuente: Biobío)